Por: Carlos Salas Montes
Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, Universidad Francisco de Vitoria.

En las últimas décadas, en América Latina el asociativismo se ha incrementado de manera diversa, cada vez adquiere mayor complejidad y ha generado nuevas estructuras organizativas con fuerte incidencia en los espacios tradicionales de poder. A estas organizaciones las denominamos genéricamente Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), cuyas características principales son la ausencia de fines lucrativos y su trabajo independiente de la esfera gubernamental. Están integradas por ciudadanas y ciudadanos activos que detentan objetivos comunes y se organizan de forma legal para alcanzar metas que envuelven intereses de naturaleza pública, en un proceso continuo de interacción con otras instancias sociales, como el Estado, otras organizaciones y movimientos, y los/as ciudadanos/as mismos.

A su vez, las OSC´s están incidiendo en forma decisiva dentro de los regímenes políticos de la región y han ganado visibilidad, reconocimiento y legitimidad ante organismos internacionales, medios de comunicación y opinión pública, en virtud de los nuevos roles que está jugando en materia de desarrollo, más allá de su trabajo de ayuda humanitaria, como sucedía exclusivamente en décadas anteriores.

Estas organizaciones, desde hace mucho tiempo, han estado presentes en lucha contra la pobreza, analfabetismo, marginación y otras actividades de filantropía o asistencia humanitaria; sin embargo, es hasta años recientes que su número, actividades y reconocimiento se han acrecentado. A lo largo de este período, han ido incorporando nuevos objetivos estratégicos orientados al desarrollo sostenible, la democratización y la promoción de los derechos humanos. Se observa en ellas, luego de varios años de experimentación, una mayor fortaleza para articular propuestas ciudadanas de control y asistencia técnica a diversas instancias de gobierno.

La incorporación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo parte de la consideración de que el problema decisivo del cambio radica en la participación continua de la mayoría de los actores sociales en la definición de lo público, lo que da significado a las propuestas de reforma y abre una nueva dimensión de las relaciones Estado-sociedad civil. La teoría del desarrollo participativo considera que, en la planificación del cambio, es necesario el control recíproco del poder y la creación colectiva de sentido. Con este marco, las OSC’s empiezan a reconfigurar el escenario socio-político en los ‘90, a pesar de que estos argumentos surgieran en la década del ‘70 con los modelos de cooperación al desarrollo.

La década del ‘90 ha sido un escenario de innovación y empoderamiento para las organizaciones, luego de una serie de acontecimientos que se dieron en la región. Entre éstos podemos destacar el inicio de un proceso de reformas políticas y económicas que empiezan a emerger luego de la guerra fría. Los Estados comienzan a cambiar sus estructuras, dándose una transformación en los roles tradicionales de poder, generándose una cultura de activa participación social, expandiéndose los mercados y fortaleciéndose una sociedad civil organizada que reclama la protección de derechos individuales, sociales y difusos, sobre todo en materia política a través de vías institucionalizadas.

La lucha por nuevas formas de integración e inclusión ha servido para enriquecer el discurso de la democratización, con nuevas vías de participación, además de los tradicionales mecanismos constitucionales participativos. La democracia, en los últimos años, ha sido entendida como un modelo que, además de legitimar la representación política, promueve la inclusión por medio del acceso a varios derechos y a la participación ciudadana. A través de dicha perspectiva, las OSC’s latinoamericanas han intentado generar un vínculo entre fortalecimiento de la democracia, construcción de ciudadanía, lucha contra la pobreza y mayor equidad social.

El profundo replanteamiento del desarrollo que se da a finales de la década del ‘90, de acuerdo a Fukuyama, conlleva una mayor toma de conciencia de los factores culturales que inciden en el crecimiento económico y su incorporación a los modelos de desarrollo. En ello, el capital social es factor fundamental para la reconceptualización de los valores de la vida política y económica. El conocimiento de esas normas y valores requiere una mirada a las interacciones del fenómeno asociativo contemporáneo, el cual ha producido nuevas formas de “organización” de la sociedad civil. Desde los ‘80 se comenzó a ampliar el espacio de demandas políticas, socio-culturales y económicas que implicaba la incorporación de sectores excluidos en un proceso de construcción de “ciudadanía política” liderado por las OSC’s. En este sentido es importante destacar algunas transformaciones que han caracterizado este proceso:

• Fortalecimiento de la sociedad civil, “empoderando” instituciones de base y construyendo capacidades de propuesta, articulación e incidencia política; además de la reconstrucción paulatina del tejido social.
• Provisión de servicios directos y fortalecimiento de redes de defensa social.
• Incorporación del tema de la ciudadanía al debate y a la acción política.
• Impulso de la participación ciudadana en los espacios locales.

La teoría política ha definido la democracia como el resultado de una intensa experiencia social e histórica que se construye de las aspiraciones y acciones de ciudadanos, grupos sociales y comunidades que luchan por asegurar y expandir sus derechos. Este esquema ha contribuido a pasar de una mera concepción de democracia electoral a una “democracia de ciudadanía”, rostros interdependientes que, en los tiempos actuales, inciden en la calidad y sustentabilidad del régimen democrático.

Los bajos niveles de crecimiento económico, las profundas desigualdades sociales y la ineficiencia de las instituciones públicas han generado la pérdida de confianza en la democracia electoral y han potenciado el discurso de la sociedad civil organizada para exigir un mayor reconocimiento de derechos políticos a la ciudadanía, a través de un diálogo bien estructurado entre Estado y sociedad civil que permite generar nuevos planteamientos a la problemática de exclusión social y deficiencias institucionales. Este escenario favorece el desarrollo de nuevas identidades organizativas en su visión de la realidad política, donde el entramado social organizativo toma conciencia de sus derechos y formula propuestas y estrategias para la administración pública y la reforma política.

En este proceso, la sociedad civil ha ido adquiriendo “poder de ciudadanía” y se presenta como un nuevo brazo de fuerza dentro del andamiaje estatal para servir de contrapeso o control social a los poderes públicos legítimamente integrados. Este empoderamiento de las organizaciones pretende visibilizar a los “invisibles” en las relaciones constitutivas del poder, trayendo nuevas organizaciones, una cultura democrática de derechos y una real incidencia en la interacción política.

Este fenómeno de cualificación de la sociedad civil organizada se ha visto fortalecido porque sus estrategias y metodologías han sido compartidas a través de alianzas o redes a nivel local, nacional, regional y mundial. En el plano externo, el crecimiento cualitativo de las OSC’s también ha sido motivado por la incorporación de la sociedad civil en los planes estratégicos de organismos multilaterales, foros mundiales, cumbres y otros sectores no gubernamentales de carácter internacional. Por ejemplo, en la II Cumbre de las Américas, efectuada en 1998, se estableció que los gobiernos deberían recoger las iniciativas existentes que promovieran mayor participación de la sociedad civil en la formulación e implementación de las políticas.

Otro de los factores que han motivado el nacimiento y especialización de OSC’s radica en la formulación de los proyectos de desarrollo con visión participativa, incorporando a fuerzas sociales para cooperar en la implementación de las actividades del sector público. Muchas organizaciones presentan sólidas estructuras institucionales y amplia cobertura en todo el territorio, ventajas que han sido aprovechadas por los gobiernos para establecer con ellas alianzas institucionales en la ejecución de sus estrategias y programas de desarrollo social, como en el caso de los programas de reducción de la pobreza que han comenzado a implementarse en la región. También han ido surgiendo organizaciones que aprovechan esta apertura como instrumento de financiación de sus proyectos.

Esta coordinación entre gobierno y sociedad civil ha alentado la especialización de las organizaciones en el manejo y control de recursos públicos y ampliación de sus servicios sociales y, en el caso de fondos de cooperación internacional, sirven como nuevos actores de gestión técnica y económica, y garantía de transparencia y eficacia en el manejo de dichos recursos.

Esta interacción se vio fortalecida en la década del ‘80, sin embargo los acelerados cambios en el contexto internacional, la profunda transformación en los contextos políticos internos y las organizaciones, han llevado a las OSC’s a una fase de transición, caracterizada por un replanteamiento de su rol, acercamiento con su entorno social, autocrítica y formulación de alianzas intra e intersectoriales. Hay señales que reflejan este nuevo contexto de participación ciudadana, como la mayor presencia en los medios de comunicación; nuevas estrategias de publicidad de sus campañas, programas y proyectos; mayor involucramiento en actividades de educación en desarrollo; y, mayor descentralización de actividades, reflejada en el asociacionismo local.

Aunque se discuten los alcances de su conceptualización, en un contexto general, las OSC’s son asociaciones instititucionalizadas, privadas, sin fines de lucro, autogobernadas, no partidarias que presentan una variada tipología en la realidad social latinoamericana. En la región, que en general son numerosas, se dedican a diversos fines sociales, entre los que destacan intereses de base; de defensa y ampliación de derechos; de gestión cultural; de capacitación comunitaria; de control de la transparencia pública; de asistencia financiera; y, gremiales y corporativas.

El rico universo de estas asociaciones civiles es amplio y heterogéneo; sus características varían dentro de cada país y entre países; muchas cuentan con el reconocimiento jurídico expreso del Estado y otras no, pero de todas formas tienen libertad para desarrollar sus actividades porque la ciudadanía cuenta con los derechos de asociación y libre expresión reconocidos constitucionalmente y en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Contabilizarlas presenta serias dificultades, sin embargo, en algunos países, se han realizado proyectos para hacer una estimación lo más aproximada posible para conocer el alcance de las mismas, como el caso de Colombia, Honduras y Brasil. Sólo este último país registraba, en 2001, alrededor de 300.000 entidades reconocidas como asociaciones sin fines de lucro.

En este proceso de crecimiento cuali-cuantitativo de las OSC’s, lo que no cabe duda es que la influencia de este sector en la sociedad política representa una nueva fuente de demandas sociales, reacomodamiento de todas las asociaciones civiles, redefinición de prioridades estratégicas del gobierno, replanteamiento de la agenda de los partidos políticos y una nueva articulación de las relaciones sociales. Aunque el análisis de la legitimidad de su influencia política aún es discutible, resulta innegable que el desarrollo de la sociedad civil organizada en los últimos decenios es un fenómeno político y cultural que se ha constituido en un nuevo espacio de formación de la conciencia e identidad colectiva.