Por. Álvaro Calix

Desde finales de la década de los ochenta se observaron en Honduras importantes cambios en el tipo de actores sociales que intervienen en el espacio público. Este relevo de actores también implicó cambios en las estrategias y objetivos de la acción colectiva. Este fenómeno sucedió en paralelo con la pérdida de centralidad de los llamados viejos actores sociales (sindicatos, estudiantes, campesinos, principalmente).

Los planteamientos reivindicativos de agenda amplia que se observaban en los sesenta y los setenta fueron desdibujándose con los nuevas reivindicaciones específicas que recogían y llevaban al espacio público varias contradicciones sociales no muy visualizadas por los viejos actores. Son varios factores los que podrían explicar estos cambios. Dos variables exógenas ameritan un especial señalamiento: a) el cese formal de la bipolaridad Este-Oeste y de las repercusiones directas de la “guerra de baja intensidad” en Centroamérica, y b) las luchas reivindicativas de ciudadanía diferenciada que tuvieron como epicentro a la Europa Occidental, y que poco a poco fueron perneándose incluso en sociedades subdesarrolladas, las cuales pese a no tener aún consolidadas las garantías básicas de la ciudadanía homogénea, adoptaron varias de las luchas sociales que habían surgido en Europa (reivindicaciones de género, derechos multiculturales, derechos de la niñez y adolescencia, medio ambiente, etc.).

Como factores endógenos pueden nombrarse los procesos de deterioro institucional, coptación, autoritarismo y falta de transparencia de los llamados viejos actores sociales, sin dejar de mencionar las prácticas sistemáticas de cooptación, intimidación y otras formas represivas que el Estado emprendió en contra de no pocos dirigentes y organizaciones sociales de aquella época.

Más allá de las críticas estructurales que se puedan hacer al nuevo escenario de la organización social en Honduras, lo cierto es que el panorama ha cambiado y subsisten importantes desafíos para los actores sociales, que ameritan nuevos esquemas de organización y de incidencia pública. Desde una perspectiva pragmática y comprometida con la lucha social dentro de las coordenadas y principios democráticos, entre algunos desafíos apremiantes se pueden señalar los siguientes:
 

1. Fortalecer los procesos de indagación social previos a la intervención: Las condiciones objetivas para la investigación social en el país dejan mucho que desear. Las universidades carecen por regla general de condiciones favorables para este rubro. Las universidades públicas suelen dedicar montos raquíticos para incentivar la investigación de calidad, en tanto que las universidades privadas no dan cabida a las ciencias sociales, al decantarse casi en forma absoluta por las áreas administrativas, empresariales, informáticas e ingenieriles. A la par se observa una oferta ínfima de institutos o centros privados de investigación social. Así que buena parte de lo poco que se produce en el país corre a cargo de consultorías presionadas por el corto plazo, que por lo general no presentan condiciones de contexto adecuadas para profundizar de manera integral en los procesos societales que generan la exclusión social. Se dice que “abundan” los estudios, pero con una óptica rigurosa esa frase no soporta la comprobación, Y es que puede que haya saturación de estudios en ciertas áreas, consideradas como rentables o susceptibles de captar fondos, pero en realidad no existen, salvando excepciones, estudios sistemáticos sobre los fenómenos sociales que partiendo de una línea basal tengan continuidad y actualización en el tiempo para monitorear el comportamiento de los hechos sociales. Por otra parte, también se detectan varias áreas trascendentes sin mayor indagación científica.
   Para mejorar los niveles de intervención social de las organizaciones de la sociedad civil se requiere una buena base investigativa que recopile información, procese e interprete las dinámicas que están observándose en el país, y con ello afinar las prioridades y las estrategias de intervención. Así como se detectan debilidades en el campo investigativo, también se observan en materia de la incidencia, acompañamiento y monitoreo de políticas públicas.

2. Democratización interna: Los problemas de legitimidad y representatividad minan en mucho la credibilidad de las organizaciones sociales. La perpetuación de cuadros gerenciales y/o directivos, los vínculos insuficientes con una base social, las prácticas auto referenciadas, dañan el posicionamiento de las organizaciones no sólo ante las autoridades públicas con las que interactúan, sino que también daña su imagen frente a la ciudadanía.Las tareas de democratización interna son un reto insoslayable para fortalecer el tejido asociativo en el país, incluye no sólo los mecanismos de selección de los cuadros directivos, sino los mecanismos de rendición de cuentas y la interiorización de la cultura de la transparencia en las organizaciones.

3. La sostenibilidad de las organizaciones: La estructura de oportunidades e incentivos para la asociatividad no privilegia en este momento la adecuada continuidad en el tiempo. Salvando excepciones, esto repercute no solo en la volatibilidad organizacional, sino también incide en una volatibilidad temática, ya que siendo los recursos de la cooperación internacional una importante fuente de algunos tipos de organizaciones, las agendas propias entran a veces en conflicto con las oportunidades de financiación, con lo que pocas pueden especializarse y profundizar su intervención y acción social.Es importante, sin caer en la lógica mercantilista que en ocasiones se promueve, que las organizaciones sociales puedan diversificar su fuente de recursos y aportaciones, no sólo en dinero, también en aporte en otros rubros, incluyendo en algunos casos facilidades de operación propiciadas por el Estado o el Municipio -siempre y cuando ello no signifique cooptación.

4. Articulación en la diversidad: Si se acepta el supuesto de que estamos en una época de mayor diferenciación funcional, y por ende de mayor complejidad, es entendible que los actores sociales intenten reducir la complejidad asumiendo algunos temas que les despierten mayor sensibilidad o atracción. En efecto, cierta especialización es deseable para poder profundizar en una adecuada intervención social, así como para ganarse la confianza como interlocutores válidos en tal o cual temática. El problema radica en que por especializarse en demasía, se pierda sensibilidad y empatía por otros temas prioritarios de la sociedad. No significa que cada actor social deba ser omnipresente en cada tema, pero si que deben estimularse los vínculos de articulación en torno a una agenda consensuada de país, que permita fortalecer esfuerzos y permita respuestas solidarias que potencien la acción colectiva. De lo contrario el status quo percibe la debilidad de los actores sociales y trata de neutralizarlos o reprimirlos puntualmente, incluso utilizando novedosas formas clientelares, sabiendo de antemano que en general la articulación social es todavía débil en el país.
   
   La aparición de colectivos, foros regionales y redes temáticas es un buen síntoma en el país, e indica que existe algún nivel de conciencia sobre el desafío de la articulación, por lo que debe seguirse en esa dirección en torno a temas país que además puedan ser susceptibles de tener un mayor acompañamiento ciudadano, temas que fluyan desde la realidad cotidiana de las personas, especialmente de aquellas que viven en contextos de mayor exclusión social.
   
   Los retos anteriores requieren ser abordados por los diferentes actores sociales mediante un proceso que permita repensar la conciencia y la acción colectiva, de cara a construir y articular movimientos populares que tengan capacidad de propuesta, incidencia y monitoreo de los asuntos públicos, con una adecuada legitimidad y representatividad social que cambie las actuales relaciones de poder que prevalecen en el país.
   
   El fortalecimiento progresivo de la legitimidad de los actores sociales puede influir favorablemente el proceso de consolidación democrática, y de manera puntual, vendría a reforzar el contrapeso necesario que se precisa para reducir la discrecionalidad extrema que a veces parecen detentar los sectores que ejercen el poder político desde esquemas tradicionales basados en el clientelismo, el sectarismo, la cooptación y el caudillismo.
   
   Quizás parezca una afirmación de Perogrullo, pero vale la pena reiterar que no existe todavía en el país una agenda y una estrategia consensuada por las organizaciones sociales que contrapese la agenda de los grupos fácticos que definen las coordenadas erráticas de un país inmerso en la postergación y la desigualdad. Conviene por lo tanto repensar estratégicamente acerca de los pasos requeridos para articular un movimiento social con capacidad de deliberación en el espacio público, que rescate tanto el espacio parlamentario como el extraparlamentario para incidir notablemente en la formulación y puesta en marcha de políticas públicas incluyentes.