Por: Rolando Sierra
Historiador y Sociólogo

 Cada vez más dentro de la opinión pública del país se viene empleando una serie de términos para dar cuenta a los niveles de participación de la gente con relación a aquello, que de alguna manera afecta sus vidas. En sentido, hoy se hable de sociedad civil, de actores sociales de participación ciudadana, sin embargo no se habla de la existencia de una ciudadanía como tal.

Hay que recordar que el proceso de expansión de una ciudadanía ha estado en el ideal ilustrado de los independistas hondureños, como Dionisio de Herrera y Francisco Antonio Márquez o en el proyecto positivista de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Este último expresaba en 1882: “Nosotros tenemos pueblo en el sentido vulgar de la palabra; pero no en la acepción política, no en la acepción de República, acepciones que hacen juzgar al pueblo como una entidad nacional poseedora de la soberanía y capaz de dirigir sus destinos, dándose libremente, por medio del organismo de gobierno, su representación interior y exterior. Nosotros no podemos decir que en vez de esa entidad nacional, tenemos masas dispersas, colonos a la española”. (Rosa, 1980; 493-494)

 Para Rosa la constitución del Estado y la nación hondureña, afrontan los problemas de la ausencia de una ciudadanía activa, la dispersión de la población y la ausencia de lo que el llama la falta de un “Sentimiento Nacional”.

Esta visión de Rosa permite ubicar un modelo de ciudadanía que ha sido impulsado en el país casi hasta el presente. Se trata de un modelo de ciudadanía asistida, es decir,desde el Estado es que se ha intentado la expansión de la ciudadanía. Se trata de una ciudadanía tutelada ya sea desde los partidos políticos o por “lideres”, por medio del clientelismo electoral y el paternalismo social con los diferentes programas de subsidios, convirtiendo lo que podría ser una ciudadanía social, esencialmente en una ciudadanía subsidiada. De este modo la ciudadanía es concebida esencialmente de naturaleza civil.

En este modelo de ciudadanía, la ciudadanía política es solo de derechos formales, el principalmente el derecho a elegir y ser elegido y los derechos sociales no son demandables en un sentido positivo a menos que tengan una base contributiva. Los derechos sociales en el caso de que sean asimilables a servicios sociales están sujetos a la disponibilidad de recursos: por eso son en realidad, una suerte de condiciones de oportunidad.

El modelo de una ciudadanía asistida se ubica en la tradición más conservadora de la políticas económicas y sociales y que pueden reconocerse en las formulaciones teóricas de Hajek (Hajek, 1944) y Freedman (Freedman 1961). Es la concepción hegemónica asociada a los ajustes económicos y modelos de la apertura económica predominantes hoy en América Latina.

Este modelo parte de una concepción atomicista de la sociedad en la que se reconocen individuos con intereses como el principio organizador de toda asociación humana. El arquetipo de modelo es el “hombre económico” el que maximizando su beneficio personal automáticamente beneficia al conjunto social.

Esto es así, porque la ciudadanía, ya no es en relación con el Estado o la Nación, sino con relación al mercado. Así el Estado debe ser mínimo y no alterar ni inferir sobre el mecanismo autorregulativo básico en el que se encuentran y optimizan socialmente los intereses de millones de vendedores y consumidores, esto es el mercado.

El mercado se concibe como un mecanismo autorregulativo, autónomo de la política y de la política social y además, su lógica es hegemónica en la formulación de las políticas públicas, por lo que siempre hay que escuchar a los mercados y no necesariamente a los ciudadanos.

Es importante recordar que la ciudadanía nació con la promesa de la Revolución Francesa de que todas las personas son iguales y que tienen derecho a gobernarse, eligiendo a los pares como dirigentes.