por : Alvaro Calix
Investigador Social

Que los gobiernos logren estabilidad, inclusión social, eficiencia y legitimidad es el propósito que se persigue cuando se alude a la gobernabilidad democrática.Las democracias modernas intentan basar su gobernabilidad en la construcción de consensos que son avalados por las mayorías ciudadanas. Aunque no el único, un espacio privilegiado para el surgimiento de consensos es la asamblea legislativa o parlamento, según sea el régimen político adoptado por cada Estado.

Así, la mera estabilidad política no es signo inequívoco de gobernabilidad. La estabilidad se puede alcanzar por mecanismos que evadan procesar democráticamente los conflictos, ya sea mediante la cooptación, represión, alienación, o una mezcla de éstos. La estabilidad democrática implica, más bien, la existencia de instancias y procedimientos aceptados socialmente que propicien ventilar los conflictos por cauces transparentes, en los que sean los argumentos más convincentes y legítimos los que prevalezcan en las decisiones públicas.

La asamblea legislativa, - el Congreso Nacional en el caso de Honduras- es una de las instancias claves de la democracia representativa para procesar las demandas e iniciativas sociales.De manera que la estabilidad, para que sea tildada de democrática, requiere de la inclusión social, es decir la participación activa y horizontal de los diferentes intereses sociales involucrados en una decisión pública.

El proceso evolutivo de la democracia ya asume, como principio, que la inclusión social no es equivalente al “gobierno de las mayorías”, ni mucho menos a la imposición de las minorías. No se trata aquí de un juego suma cero en el que el ganador se lo lleva todo, sino más bien de encontrar diseños políticos que promuevan la toma de decisiones que reflejen la posición mayoritaria, pero estableciendo salvaguardas a los derechos esenciales (universalmente aceptados) de los que sustentan posiciones minoritarias..

No toda opinión por ser mayoritaria es per se democrática, por cuanto la democracia no se reduce a la agregación de voluntades individuales, hace falta que dicha opinión/decisión respete las garantías fundamentales de todas las personas que directa o indirectamente se verán afectadas con una decisión. Por supuesto, que resulta de suyo complejo identificar para cada caso concreto los límites que deben establecerse a la decisión mayoritaria; empero, reconocer la existencia de esos límites, es ya un avance encomiable.

El Congreso Nacional es al tenor de este enfoque, un espacio político que, por medio del consenso y el respeto a la carta de derechos de ciudadanía, modera y canaliza la variedad de inquietudes sociales. Por lo tanto, el Congreso, a diferencia de un simple ejercicio plebiscitario (que, sin dejar de reconocer su importancia, no debe verse como sustituto de la formación de consensos), ofrece mediante el debate y argumentación pública, la oportunidad de encontrar soluciones menos polarizadas a los conflictos societales. Ahora bien, para cumplir ese rol democratizante, el Congreso Nacional jamás debe ser asumido como un circuito cerrado en el que solo sus miembros tienen el derecho de opinar y decidir, ya que debe, por el contrario, aspirar a ser un espacio de convocatoria y diálogo para los distintos grupos sociales que tienen algo qué decir sobre un tema en particular.

Si se cumple la condición de existencia de la inclusión social, es bastante probable que los niveles de legitimidad de la democracia representativa vayan en aumento o se mantengan en niveles aceptables. En el contexto de una cultura política pro democrática, la mayoría de los actores sociales tenderán a reconocer que el Congreso Nacional, si bien no necesariamente avalará su posición, es una instancia confiable, cuyas decisiones son construidas mediante un proceso deliberativo y transparente.

En Honduras, diferentes estudios muestran que el órgano legislativo tiene un gran desafío en aumentar los niveles de confianza que la población le dispensa. Esta es una labor que excede al ejercicio de un gobierno, por cuanto es una mística acumulada de desempeño y de formas de relación con las organizaciones sociales.

Al concurrir la estabilidad, la inclusión social y la legitimidad, están puestas sobre la mesa las condiciones mínimas para que las decisiones públicas puedan llegar a ser eficientes, que en el caso del Congreso Nacional, implica la responsabilidad de determinar líneas de política pública y marcos legislativos que promuevan el desarrollo y la equidad, así como ejercer mecanismos de contrapeso con los otros poderes, que vengan a garantizar la rendición de cuentas y, sobretodo, la adecuación del rumbo, cuando un determinado organismo público está actuando de manera contraria a las directrices de la políticaasumida por el Estado.

En síntesis, la gobernabilidad democrática descansa en buena parte en la adecuada gestión de un Congreso Nacional. Esto presupone algunos requisitos, dirigidos a que una entidad parlamentaria:a) asegure que el ejecutivo no actuará auto referenciado por una lógica meramente tecnocrática, b) Se democratice progresivamente al interior, volviendo más transparente el proceso de confección de la agenda legislativa, c) se profesionalice la función de los diputados, de manera que cuenten con la asesoría oportuna para tomar las decisiones a ellos encomendadas, d) que busque permanentemente el relacionamiento horizontal con los colectivos sociales implicados en un determinado asunto público, e) propicie que los diputados respondan a los intereses de la colectividad y no a intereses particulares que pretenden instituir o mantener espacios reservados de poder, f) garantice la eliminación de la impunidad, para aquellos que al cobijo de la función legislativa busquen evadir su responsabilidad jurídica frente a conductas ilícitas en la que hayan incurrido.Al pasar revista a los elementos anteriores, se puede apreciar que en el país han venido dándose esfuerzos hacia la superación del déficit observado en la función del Congreso Nacional. Aun así, queda mucho que hacer y se requiere de una voluntad política comprometida con cambios que hagan más confiable y democrática a esta entidad.

Hoy día, con suma urgencia, Honduras está requiriendo una mayor y mejor participación del Congreso Nacional en la investigación de los impactos de las políticas de gobierno, en la aprobación y en la liquidación del presupuesto general de la república, en la estrategia de reducción de la pobreza, en la naturaleza y alcances de los acuerdos suscritos con los organismos internacionales, entre otros aspectos de interés nacional.