Por: Leo Valladares Lanza
Doctor en

Sin duda alguna uno de los derechos humanos reconocidos en todo el mundo es el de la libertad de expresión. Sin ella, los seres humanos, que somos esencialmente sociales y por ello comunicativos, no podríamos haber alcanzado el grado de desarrollo espectacular que ofrece este inicio del Siglo XXI. Pero para que haya una verdadera expresión se requiere que también se dispongan de adecuadas ideas, de pensamientos, de lo contrario no podríamos expresarnos adecuadamente.

El tener conocimientos verdaderos de la realidad nos hace autodeterminarnos libremente, es decir, tomar nosotros mismos nuestras decisiones. Esta libertad de actuar, de autodeterminación es precisamente la base de la dignidad personal. Gracias a nuestro pensamiento y libertad para actuar nos transformamos de simples animales en personas.

En la actualidad, tanto la libertad de pensamiento como la de expresión se ven desde un punto más amplio, la necesidad de tener una información veraz, pronta y oportuna para poder actuar de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. Decimos que vivimos en “la sociedad de la información”, que nunca antes como ahora los seres humanos tenemos tantas posibilidades para acceder a la información, tanto a la tradicional, escrita, hablada y televisada como a los enormes recursos que ofrecen las variantes electrónicas, la llamada multimedia y la internet.

Pero cabe preguntarnos: ¿Tenemos acceso a la información que nos es realmente útil, a aquella que es necesaria para participar plenamente como miembros de una colectividad? ¿Tenemos adecuada información sobre lo que hacen en nuestro nombre y representación los funcionarios que nosotros hemos elegido? ¿Conocemos las grandes decisiones de nuestras autoridades que nos afectarán a todos?

Si hemos adoptado un sistema democrático de gobierno significa que todos debemos participar, pero, ¿podrá ser eficaz una participación sin la información sobre lo que está ocurriendo?

No podemos formar parte de una sociedad democrática si no tenemos información, no podremos pedirles cuenta a nuestras autoridades si no conocemos lo que hacen. Sin información pública al alcance de los ciudadanos, no es posible el avance democrático ni el desarrollo económico desde una perspectiva incluyente y al servicio de todos.

De esta necesidad de ser informados nace el derecho deacceso a la información pública que podemos definir como “la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las autoridades”. No hay que confundir este derecho con la garantía de “hábeas data”, que consiste en la facultad que tenemos para exigir la información confidencial que las autoridades tienen sobre nosotros, para los efectos de rectificarlas o eliminarlas, y para que no hagan uso de ellas sin nuestro conocimiento; y que se basa en el derecho a la intimidad.

El derecho de acceso a la información comprende el deber de informar y el derecho a ser informado, y el derecho a solicitar y recibir la información. Es un deber de las autoridades informar de oficio, por ejemplo: su estructura orgánica, las normas que rigen su funcionamiento, el presupuesto, la nómina de empleados y su salario, sus manuales de organización y funcionamiento, el resultado de las auditorias que se le practiquen, las resoluciones que emitan. En general, estarán a disposición del público que lo solicite la información de todas sus actividades aplicándose el principio de publicidad de los actos de toda autoridad.

Un elemento clave en la ley que garantice el derecho de acceso a la información será la determinación de la información que se clasifique como “reservada o confidencial”, es decir, que no estará a disposición del público, por ejemplo, aquella cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad de cualquier persona; o la información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos.

Mediante el acceso a la información pública se garantiza la participación ciudadana, y cuanto mayor y efectivo sea el conocimiento de las personas sobre la acción pública, mayor será también su confianza en la política y la función gubernamental. Por otra parte, se fortalecerán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, tan necesarios en la lucha contra la corrupción.

En definitiva, creemos que con la emisión de una ley de derecho de acceso a la información, como lo ha propuesto el Consejo Nacional Anticorrupción y varios grupos de la sociedad civil, entre ellos, el Comité para la Libre Expresión, C-Libre, la vida democrática de Honduras se enriquecerá con una legislación que permita, tanto el ejercicio ciudadano de este derecho, como la creación de una cultura de participación ciudadana, y de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas.