En 1996 una encuesta de opinión promovida por el Comisionado de los Derechos Humanos, encontró que para la población la delincuencia figuraba como el principal problema que enfrentamos los hondureños, apenas superado por el tema económico que la condiciona y que incluye el creciente desempleo, el alto costo de la vida, el crecimiento acelerado de la pobreza y marginalidad.

La lucha contra el delito común aparece entonces como el tema prioritario en la agenda de los políticos de nuestro continente. Y es que es innegable que en Honduras el crimen ha crecido.

Fuentes policiales dan cuenta que entre 1992 y el 2,000 la recepción de denuncias por delitos tuvo un incremento de mas de un 400%, pasando de 13,192 denuncias recibidas a 54,270.

Tegucigalpa y San Pedro Sula (las dos ciudades más urbanizadas del país, y en donde son más visibles la inequidades sociales, la falta de oportunidades y el desempleo) aparecen como las zonas de mayor concentración del delito, con un 54% del total de denuncias recibidas. Paradójicamente son las zonas urbanas donde la presencia policial aparenta ser más articulada y en donde funcionan las principales instituciones del sistema penal.

También las fuentes policiales arrojan que en esas zonas los delitos contra la propiedad son los que más se presentan en la vida cotidiana del hondureño, así el robo y el hurto concentran el 50% del total de denuncias recibidas en el 2,000, seguido por los delitos varios con un 34% (amenazas, estafas, violaciones, etc.) y en un 16% los delitos contra la vida.

Los lugares donde se cometen principalmente los delitos contra la propiedad son la calle y en el barrio, por lo que aparecen así como los lugares más inseguros.

Analizando estos datos no es de extrañarnos que los sentimientos de inseguridad y de miedo al crimen en la población se centran en los delitos contra la propiedad, por lo que las ofertas políticas en materia policial se dirigen primordialmente al combate a la criminalidad común dejando a un lado y a veces omitiendo totalmente la persecución de delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, los fraudes tributarios, la malversación de caudales públicos, las quiebras fraudulentas de entidades financieras.

Llamamos la atención en que el juzgamiento y la acción civil de los efectos de uno solo de estos delitos equivaldría a la recuperación de la cuantía por daños de cientos de delitos comunes y ofrecería al Estado el recobro de los recursos necesarios para mejorar la inversión social en áreas especialmente vulnerables al crimen.

En la medida que los sentimientos de la población hacia el delito común se enervan y las preocupaciones estatales concentran su atención en los delitos menores: surgen iniciativas de Estado como La cero tolerancia o políticas de mano dura, que son las principales importaciones que en materia de lucha contra la criminalidad común emulan nuestros sistemas policiales.

Doctrinariamente la Cero Tolerancia es una política fundamentada en golpear duro al delito común dándole mayores atribuciones a la policía para la "lucha" contra la delincuencia con el objeto de "mantener todo en orden" y mantener a "raya" los posibles focos de criminalidad.

Por regla general las políticas de Cero Tolerancia van acompañadas de procesos de reformas a la legislación que aumenta las facultades discrecionales de la policía para intervenir en infracciones menores y aun en las faltas municipales (ebriedad pública, prostitución, mendicidad, etc.), ejemplo de la ampliación de estas facultades es la potestad atribuida a la policía de emitir ordenes de arresto prescindiendo de la figura del juez y el fiscal, hacer "requisas personales", realizar "inspecciones e investigación corporal" y "registrar vehículos" sin orden judicial, sin consentimiento de la persona, siempre que haya "sospecha grave y urgencia" y la verdad es que en la practica nuestras sociedades siempre se hayan en estado de emergencia frente al crimen, por lo que paralelamente tienden a subir las estadísticas de denuncias por violaciones y abusos de autoridad policiales.

Estas facultades impropias otorgadas a la policía, sin previsión de órganos de control, violentan los principios del Estado democrático y de derecho, y nos acercan a modelos de Estados policíacos que criminalizan la miseria y la marginación, y cuya expresión nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias, en donde la privación de la libertad se da en condiciones promiscuas y degradantes, solo en Honduras el número de presos sin condena alcanza mas del 80% del total de detenidos.

Y es que mientras los sistemas penales se sustentan en principios de racionalización del uso de la fuerza e intervención mínima del poder penal, las estrategias policiales de Cero Tolerancia abogan por una mayor intervención de las policías en la persecución incluso de las faltas leves. Se cree que al combatir los delitos menores se previenen infracciones mas graves, por lo que la cárcel aparece como la solución a todos los hechos criminales.

En Honduras el operativo de guerra contra la delincuencia se inició el 30 de enero del 2,002, hace exactamente 26 días, las estadísticas policiales dan cuenta de una reducción de las denuncias y reportes de delitos cometidos a apenas unos cientos de hechos criminales en el ámbito nacional; sin embargo el número de detenidos en 26 días en celdas las policiales ha llegado a sobrepasar en estos días mas de 5,200 personas, de las cuales solo un aproximado de un 8% ha sido arrestado por su participación en delitos.

Nuestra Constitución de la República autoriza a cualquier persona a arrestar al delincuente infraganti; al que no lo es solamente puede ser arrestado mediante orden de captura de juez o fiscal y siempre la detención debe estar asociada a la comisión de un hecho delictivo.

La pregunta que nos hacemos es: ¿Si solo el 8% de los mas de 5,200 arrestos en el ámbito nacional corresponden a hechos delictivos, por que motivo legal han sido detenidas el restante 92% de personas capturadas durante los operativos combinados de Guerra contra la delincuencia?

La respuesta la conocemos todos, aunque la acallemos: son jóvenes de extracción popular, detenidos por su vestimenta, por tener un tatuaje, caminar en grupos, por estar parados en las esquinas, o por cualquier excusa. Existen ya denuncias de padres de familia de jóvenes y de los jóvenes mismos acerca de lo indiscriminado que han resultado los operativos en estos días, cualquier adolescente es detenido en las calles, desvestido para buscarle tatuajes y lo tenga o no, es finalmente llevado a celdas policiales en una actitud que nos recuerda mas la xenofobia y la discriminación, que una política clara de lucha frontal contra el delito. Alertamos que el resultado nos puede llevar a extremos de intolerancia, al abuso de poder sobre los más débiles y como ha sucedido ya en otras sociedades a los crímenes de odio contra amplios sectores poblacionales.

El operativo combinado y la presencia del ejercito en la calle es otro tema de preocupación, el monopolio del ejercicio legal de la fuerza y la represión penal es una facultad exclusiva e indelegable de las autoridades del sistema penal: policías, fiscales y jueces.

El rol de los ejércitos en sociedades democráticas es garantizar la seguridad externa, colaborar durante situaciones de emergencia con las autoridades nacionales, pero nunca ejercer por sí las labores policiales. Actualmente los soldados andan solos en las calles, además de que carecen de facultades legales para realizar arrestos y requisas, no tienen tampoco la preparación y el entrenamiento para relacionarse con el ciudadano, desconocen las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre el uso legitimo de la fuerza para autoridades policiales.

El Estado no debe delegar jamás a un ente impropio una facultad que se relaciona directamente con uno de los mas preciados derechos individuales como lo es la libertad personal.

Los Operativos de Guerra contra el Crimen tampoco han dado muestras de pretende erradicar el narcotráfico, la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, las violaciones sexuales, el trafico de niños y su explotación y abuso físico, entre otros delitos que tal vez no son los más en las estadísticas de crimen, pero cuyo impacto social afectan la calidad de vida de las personas que los sufren.

No desconocemos que los operativos indudablemente han contribuido a rebajar las estadísticas de criminalidad común, contribuyendo a aumentar los sentimientos de seguridad frente al delito común. Efectivamente necesitamos y abogamos porque se debe luchar contra la delincuencia pero el problema es con qué medios y cómo se hace.

¿Qué se necesita: más represión o medidas de fondo para dar trabajo y educar a la juventud?

? Se exige tolerancia cero hacia abajo, pero no hacia arriba ¿ Aún están vigentes las leyes que facilitan la impunidad de altos funcionarios públicos para ser investigados por actos de corrupción?.

? Se habla de mas recursos para la policía, casi 600 millones adicionales, y no se informa de donde saldrán las partidas o habrá de sacrificarse programas sociales del Estado.

? Tampoco se cuenta con informes del resultado de los procesos de depuración policial o de los avances en la profesionalización y educación de la policía desde una visión democrática y de respeto a los Derechos Humanos, teniendo en cuenta su pasado reciente vinculado a la represión militar.

? Los espacios formales de participación y consulta ciudadana creados en la policía como el CONASIN han sido replegados y sus decisiones casi nunca tomadas en cuenta por los titulares de la Secretaria de Seguridad. Al CONASIN nunca se le ha asignado la partida presupuestaria que manda la ley a fin de que cumpla su rol de asesorar en la construcción de políticas integrales y participativas de seguridad ciudadana.

? Tampoco se dice nada de los avances o no en la investigación de las ejecuciones o asesinatos de mas de 1,600 jóvenes en menos de tres años, no se da cuenta de cómo el sistema judicial, la policía incluida, habrá de participar en la persecución de los delitos económicos o de 'cuello blanco' que implican el soborno, los fraudes tributarios, la quiebra de financieras, el lavado de activos, etc. Si es que hay alguna estrategia a este respecto.

Finalmente señalamos que la lucha contra la criminalidad debe enmarcarse en una estrategia de Seguridad ciudadana que articule las diferentes dimensiones de la inseguridad y la criminalidad, que se coordine adecuadamente con el sistema de justicia penal, que priorice la consulta ciudadana en la definición de objetivos y metas de la intervención policial, que se sustente en la primacía del Poder Civil y en la seguridad de las personas y sus bienes bajo un marco de respeto absoluto a los derechos y garantías procesales de los detenidos que prevé el nuevo Código Procesal Penal.

El reto esencial que una estrategia de seguridad ciudadana es la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana, basado en el respeto a la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, como el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, una política de seguridad que sea el cimiento del desarrollo social y económico de nuestro país.

Una adecuada estrategia de Seguridad Ciudadana debería al menos partir del reconocimiento de premisas fundamentales, como:

1. Reserva del monopolio del ejercicio de la fuerza legitima. Cualquier estrategia en materia de seguridad ciudadana no debe delegar esta responsabilidad. Los ejércitos no están llamados a cumplir tareas policiales como realizar detenciones, practicar registros, participar en allanamientos.

2. La estrategia tiene que ser más preventiva que reactiva, generar una alerta temprana en la prevención de los conflictos sociales.

3. La necesidad de profesionalizar la policía, que mejore sus capacidades de respuesta al crimen dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.

4. Promover estrategias incluyentes, donde la participación de los ciudadanos en las políticas locales sea un derecho. Una política de seguridad debe ser ampliamente consultada y debatida por diferentes grupos sociales.

5. Que existan estrategias dirigidas a los delitos No Convencionales, cuyo daño económico desequilibra nuestras endebles economías, además que afecta a mayores grupos poblacionales, aun cuando la comunidad desconoce que se están cometiendo estos delitos.

6. Que se enmarque en el principio de legalidad, respeto absoluto a la Constitución y los tratados sobre la materia, es decir que no aumente las facultades discrecionales de la policía sin control judicial o fuera del marco legal.

7. Una adecuada coordinación con todas las entidades del sistema de justicia, que permita la realización de detenciones licitas, un oportuno manejo de las pruebas, la sustentación adecuada y pronta de los procesos penales, y la efectiva rehabilitación carcelaria.

Finalmente reflexionamos que si se quiere resolver a profundidad la delincuencia y la inseguridad ciudadana hay que atacar a fondo las causas, principalmente la desigualdad de nuestra sociedad. En nuestro país hay una salud y educación para los ricos y otra para los pobres.

El Estado esta obligado a proveer los medios para asegurar la calidad de vida, la satisfacción de necesidades en un clima de tranquilidad mínima para una existencia social sin traumas.

Tenemos que construir juntos una sociedad más democrática y solidaria en donde la persona humana sea realmente el fin superior del Estado.