Por: Félix Antonio Avila Ortiz

En un país como el nuestro, con muchas desigualdades sociales, -con un índice de pobreza de los más altos en América latina- la propuesta es una de las formas de acción colectiva que se manifiesta más a menudo. En mi opinión, estimo que las formas de propuestas se originan por las escasas respuestas que el Estado brinda a las demandas de los sectores sociales. La protesta social no es más que una genuina forma de expresión de los ciudadanos frente el orden social existente y que de alguna manera se pretende corregir.

Tal como lo planteara Gargarella•, es una verdad que en muchos países como el nuestro los ciudadanos, si bien es cierto pueden protestar en determinado momento, no siempre son escuchados por los gobernantes de turno. La protesta ciudadana como forma de libertad de expresión siempre será utilizada por aquellos grupos minoritarios, excluidos, que no pueden y no tienen la capacidad para estar o ser parte de los sectores de poder.

Cuando la sociedad se encuentra en esta realidad, en donde los sectores excluidos no son una minoría, sino un gran sector de la población, la protesta se vuelve un asunto sumamente grave para el gobierno. En Honduras, los reclamos de las clases menos favorecidas se han patentizado a tal grado que en septiembre de 2005, ante la crisis en los precios de los combustibles, los conductores de taxis organizados paralizaron el país durante todo el día. El gobierno tuvo que negociar con ellos, lo cual posibilitó un congelamiento de los precios de los derivados del petróleo, y significó para el partido de gobierno una derrota en las elecciones generales de noviembre de 2005. Está visto pues, que la protesta como forma legítima para viabilizar las demandas de la sociedad es utilizada también para el reclamo no solo de los derechos tradicionales (civiles y políticos) sino para el reclamo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En estos días se están desarrollando en todo lo largo y ancho de nuestro territorio, constantes reclamos del sector magisterial, exigiendo del gobierno el cumplimiento del Estatuto del Docente, instrumento legal que dicho sea de paso, es el único que goza de rango constitucional. En mi opinión, las demandas del sector magisterial son legítimas, pues se trata de reclamar aquellos derechos que el Estado mismo, por medio de sus constituyentes primero, y luego por el legislador ordinario, les concedió como justo reconocimiento por su labor como formadores de la niñez y la juventud. Los docentes protestan en la actualidad debido a que en los últimos años se ha acumulado una deuda por parte del gobierno hacia dicho sector, que debe ser cumplida, no obstante parece ser que no reciben la respuesta que desean escuchar. En ese orden de ideas, las protestas van encaminadas a decirle al gobierno que no está de acuerdo con sus planteamientos disienten pues, de manera como los poderes público pretenden resolver un conflicto que no ha sido creado por los docentes, sino que, a mi modo de ver, por el Estado mismo, José Zalaquett sostiene que el disenso que puede producirse a través de las protestas sociales <claro que bien canalizado> es un elemento sustancial, y a la vez un verdadera fertilizante del progreso político y social. Pero cuando se protesta por una causa justa existe la posibilidad de extralimitarse, desarrollando otras conductas totalmente ajenas como ser, tomas de calles, y producción de daños en los bienes públicos o privados. Esta forma violenta de protestar deslegitima cualquier protesta bien intencionada, de ahí que, debe extremarse el cuidado en el análisis de los presupuestos de legitimación de dichas acciones sociales. Por esta razón, es importante hacer un análisis en cuanto a los presupuestos que pueden legitimar la protesta en cuestión.

Pues bien, esos presupuestos legitimadores de cualquier protesta social son, según el Profesor Zalaquett, a) una causa justa para protestar, no puede concebirse una protesta contra una causa legítima. Es mi opinión que las demandas presentadas por los docentes van encaminadas a obtener unos beneficios sociales que el gobierno les adeuda en la actualidad. Da la impresión que la legitimada para dar respuestas a las demandas magisteriales ha perdido el control, entonces los demandantes se han hecho del poder y control de las calles, en todo caso, es parte del pueblo quien protesta de manera justa. b) Debe existir una recta intención. El hecho de recurrir a la protesta, a la fuerza y la desobediencia civil, deben tener un objetivo válido, y una buena intención. Sin lugar a dudas que el hecho de pedir que el gobierno cumpla con los compromisos sociales, otorgando mejores salarios, supone mejores condiciones de vida para los docentes y sus familias, esperando que ello redunde en una mejor educación de los niños y adolescentes de este país. c) Debe existir proporcionalidad entre los perjuicios ocasionados y lo beneficios que se obtengan. Si bien es cierto, la protesta puede ocasionar ciertos perjuicios, por la toma de las calles, y la paralización de ciertos servicios básico, entre estos y los fines legítimos perseguidos y los beneficios que se pueden obtener sin lugar a dudas existe proporcionalidad.

Ahora quiero abordar el tema de la protesta social, cuando entra en colisión con otros derechos y normas legales. El gobierno ha anunciado la adopción de una serie de medidas, entre ellas una de tipo legislativo, encaminadas a endurecer las penas existentes para quienes se tomen calles y otros bienes públicos, así como establecer pautas a los jueces al momento de valorar las pruebas. Me preocupa la visión totalitaria de ver y enfrentar las cosas por parte del gobierno, no es amenazando con penas privativas de libertad con que se pueden resolver estos conflictos de tipo social, sino que mediante el diálogo profundo y constructivo. Por otra parte, parece que cada vez más el Poder Ejecutivo recurre al derecho sancionador para resolver problemas que nada tienen que ver con la violación de bienes jurídicamente protegidos. Esta forma de ver las cosas solamente produce lo que puede llamar una super inflación del derecho penal, convirtiendo como antijurídicas muchas conductas que son totalmente legítimas, como ser el hecho de protestar y ejercer el derecho a la libertad de expresión. Parece que cada día más se quiere hacer uso del derecho penal de autor, sancionando a las personas por lo que son, y la manera de comportarse socialmente, y no por lo que hacen. Creo que ya hemos tenido suficiente con los problemas jurídicos que nos ha traído la llamada Ley Antimaras para tener que enfrentarnos a una ley que sancione a las personas solo por el hecho de circular por las calles protestando, solamente porque a otras personas no les interese sus problemas, o por que los suyos nunca han existido o los tienen solucionados. Estimo que en la legislación penal vigente existen normas que pueden ser adecuadas para sancionar a las personas que se extralimiten en las acciones de protesta legítima, y que si en verdad como sus acciones afectan la libertad de tránsito y otros derechos y bienes, corresponde a los Jueces, decidir si privilegiar el derecho a la protesta legítima como una manifestación del derecho a la libertad de expresión, o a los otros derechos mencionados. En todo caso, deben tenerse en cuenta los presupuestos legitimadores tratados antes, para encontrar ese justo equilibrio entre derechos tan importantes.


Tegucigalpa, M.D.C. 2 de agosto de 2006.