El 5 de abril en la mañana la granja penal El Porvenir, ubicada en la
norteña ciudad de La Ceiba se convirtió en una carnicería humana. En
menos de una hora 69 muertos y 39 heridos yacían ensangrentados en las
instalaciones carcelarias. Sesenta y uno de los muertos eran jóvenes de
la Mara 18, cinco eran reos comunes no pertenecientes a maras y tres
eran mujeres que visitaban a sus presos, una de ellas menor de edad. La
versión oficial preliminar informó que se trató de una batalla campal
entre mareros (pandilleros) y policías guardianes. Sin embargo, no hubo ni
un solo policía muerto, ni siquiera uno herido. Al menos la mitad de
los cadáveres de los mareros estaban completamente carbonizados. Todos
los heridos eran también pandilleros.

Horas después llegó al lugar el Presidente de la República, Ricardo
Maduro, asegurando que “por primera vez” se haría una investigación
exhaustiva y se haría caer todo el peso de la ley sobre los responsables de
la masacre. De inmediato, nombró una comisión investigadora que más de
un mes después de los sucesos seguía en “plena investigación” sin
encontrar aún ninguna señal que apuntara a identificar a los responsables.

UN CONFUSO CAOS CON RESULTADOS DANTESCOS
De acuerdo a los medios masivos de comunicación la matanza fue el
resultado de un enfrentamiento entre mareros y otros internos del penal. La
versión oficial da cuenta que “Boris”, líder de los mareros, inició la
trifulca tras reclamarle a otro interno, no marero, Edgardo Coca, por
ser responsable del desarme que dos días antes había efectuado la
seguridad del presidio con ayuda de agentes de la policía.

En ese operativo de desarme, les habrían decomisado a los mareros
diversos tipos de armas y en castigo los habían confinado a dos celdas. Una
vez concluido el castigo, “Boris” y los suyos reclamaron a Coca,
discusión que culminó con el asesinato del jefe de disciplina, José Alberto
Almendárez, quedando Coca gravemente herido. Según la misma versión
oficial, los pandilleros utilizaron todo tipo de armas, y una vez realizado
el “desquite”, prendieron fuego al penal sacando todas las armas que
poseían y disparando. Ante esto, los internos de seguridad -“rondines”
según el argot presidiario- tuvieron que responder. Al término de este
caos, el espectáculo que apareció ante los ojos de los hondureños
resultaba dantesco: decenas de cuerpos calcinados, otros descuartizados,
piernas, brazos y dientes esparcidos a todo lo largo del presidio.

“NOS QUEREMOS REHABILITAR, DÉNNOS UNA OPORTUNIDAD”
Habla un sobreviviente: “Salimos de la celda rendidos, con las manos en
la cabeza, y los policías nos fusilaron”. Se llama Enrique e integra la
Mara 18. Habla desde el hospital de La Ceiba, fuertemente resguardado.

“Nos rendimos -afirma- y ellos, los policías, comenzaron a hacer eso.
Nosotros caímos heridos, y ellos continuaron disparando. No hay nada de
cierto en lo que dicen en los periódicos. Yo se que cada quien va a
responder de sus verdades y sus mentiras ante Dios”. Según su relato: “Yo
estaba en la cancha de básquet cuando comenzó el problema entre
nuestros líderes y los rondines. Ahí sonaron los primeros disparos, en la
celda quince, que servía de oficina a los internos. Es cierto: Boris y
otros cheros hirieron al jefe de los presos y mataron al jefe de
disciplina. Cuando apareció la policía todo mundo se fue a las celdas, y el
muerto y el herido quedaron tirados en el piso. Vinieron los policías y
comenzaron a disparar sobre nosotros. Y ellos mismos, con ayuda de los
internos le metieron fuego a la celda en donde estaban más de cuarenta de
los nuestros. Por suerte yo no estaba en esas celdas y sólo recibí este
balazo que me tiene quebrado
el brazo”.

De acuerdo al relato de este sobreviviente, los mareros corrían de un
lado para otro, y por todos lados les disparaban. Se concluye, a partir
de su versión, que existía la decisión policial de exterminar a todos
los mareros y que los internos no mareros tomaron machetes y cuchillos y
con el visto bueno de la policía destazaron a los mareros dentro de la
celda. Todas las armas usadas ya estaban dentro del recinto
penitenciario, y tanto las armas de los mareros como las de los otros internos
ingresaron al penal por un proceso de corrupción en el que participaron la
policía y los responsables inmediatos del penal.
“Yo le digo a la sociedad y al gobierno -clama el sobreviviente- que
nos queremos rehabilitar, que nos den una oportunidad. Hemos querido
cambiar, pero lastimosamente no nos apoyan en este país, nadie nos da
trabajo si nos ven tatuados.

Nosotros tenemos derecho a un trabajo, a una casa, a ropa, a un carro,
pero nadie nos apoya. Se olvidan que también tenemos familia, hijos que
alimentar. Pero nos toman como si no fuéramos de la sociedad y hay
gente que hasta paga porque nos anden matando por ahí, y así esto nunca va
a terminar. Nosotros no sólo estamos hechos de violencia. Y ya la
queremos parar. Por favor, queremos una oportunidad de parte de ustedes, de
la sociedad, del Presidente o de quien sea”.

DATOS QUE ASUSTAN: UN EXTERMINIO “OFICIALIZADO”
Lo sucedido en la granja penal El Porvenir es un hecho particularmente
trágico. Pero no ha sido el único ni debe verse como un caso aislado o
puntual ni previsiblemente será ni el último ni el más pavoroso en la
lista de los horrores. Unos días antes de este hecho, siete mareros
aparecieron “misteriosamente” muertos en el penal de San Pedro Sula. Todas
estas muertes deben inscribirse en una campaña de “limpieza social” que
se ha extendido a las cárceles del país, en donde el Estado tiene total
responsabilidad como garante de los derechos de las personas que allí
están sin libertad y bajo su custodia. Las ejecuciones de menores
pandilleros, vinculadas a estructuras de la policía hondureña, se expresó de
manera espantosa en la masacre del 5 de abril, y forma parte de una
campaña más amplia que abarca las cárceles, las calles y los barrios
marginales en donde se concentra la población juvenil más empobrecida y
violenta.

Los datos asustan. En 1998 se documentaron 97 casos de ejecuciones
extrajudiciales vinculadas a estructuras estatales. En 1999 fueron 277. En
el año 2000 las ejecuciones fueron 207. En 2001 llegaron a 430. En
2002, la cifra alcanzó las 556. Sin duda alguna, los datos apuntan a una
política de Estado en contubernio con poderosos grupos empresariales. Se
ha “oficializado” el “exterminio” de un grupo específico de la
sociedad: los mareros.

Este exterminio se desarrolla en calles y barrios de las ciudades, y al
extenderse a las cárceles agrava en extremo la problemática de un
sistema penitenciario que ya venía constituyendo una peligrosa bomba de
tiempo.

EPISODIOS TRÁGICOS EN SERIE
En la historia de la violencia intracarcelaria en Honduras ha habido ya
varios episodios trágicos: incendios que arrasaron los penales de Santa
Bárbara y Copán en el occidente del país, y acabaron parcialmente con
el de Trujillo en el Atlántico; motines en la oriental ciudad de Danlí y
en Olanchito (departamento de Yoro); intentos de rebelión en Tela y
Gracias a Dios, en el Atlántico. El 12 de noviembre de 1999 murieron 11
personas y 31 resultaron heridas en incidentes ocurridos en el centro
penal de San Pedro Sula. También se produjeron hechos similares a finales
de 1998 en Tegucigalpa, y en marzo 2000 en San Pedro Sula. El 21 de
marzo de 2003 siete pandilleros de la MS fueron encontrados muertos en dos
celdas del penal sampedrano.

No hay duda que la violación más dura y cruda de los derechos humanos
se expresa a plenitud en el sistema penitenciario de Honduras. Motines,
violaciones sexuales, asesinatos, suicidios y drogadicción abundan en
las deterioradas instalaciones del sistema penitenciario, donde la
ausencia de una recta aplicación de la justicia convierte las cárceles en
hacinados centros de deformación social, bombas de violencia que amenazan
con estallar a diario, como en efecto viene sucediendo desde hace años
hasta llegar a la masacre en El Porvenir, y como seguirá sucediendo
irremediablemente si no se producen transformaciones que son urgentes.

HACINAMIENTO: MASIVA VIOLACIÓN DE DERECHOS
No es cierto que esta problemática en las cárceles sea exclusiva de
Honduras en el ámbito centroamericano. Pero sí es cierto que en Honduras
ha adquirido perfiles mortales más evidentes. Las cárceles
centroamericanas albergan a unos 200 mil presos. Más de 12 mil están en las cárceles
hondureñas. En su mayoría, más de 9 mil, son presos sin juicio y sin
condena.

En Centroamérica, Honduras está a la cabeza en cuanto a presos sin
condena y en cuanto a índices de hacinamiento en las cárceles. Se estima
que donde se construyeron instalaciones para albergar a cinco reos, las
autoridades mantienen encerrados a treinta y hasta a cincuenta. En los
24 centros penales, construidos para 218 presos cada uno, se concentra
un promedio de 462.

La granja penal El Porvenir fue construida para 240 reos. El día de la
masacre había allí 571. El hacinamiento contribuye significativamente a
que las cárceles hondureñas sean escuelas reproductoras de violencia,
en las que mientras muchos se gradúan en el perfeccionamiento del
delito, otros esperan su libertad en una absurda y prolongada espera que sólo
intensifica sus traumas. A propósito del hacinamiento en las cárceles,
Leo Valladares, quien fuera Comisionado de los Derechos Humanos, ha
definido así la situación: “Podemos aseverar, sin temor a la exageración,
que estamos ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos
humanos de la población interna”.

REFORMAS SÓLO COSMÉTICAS
Los más de 9 mil presos sin sentencia encerrados en cárceles expresan
la incapacidad del sistema judicial nacional. El propio Presidente
Maduro declaró que la justicia en Honduras adolece de “una preocupante
mora”, que va más allá de una simple retardación en la decisión de los casos
sometidos a su conocimiento, y que esta situación anula los derechos
constitucionales de los encausados.

No sólo hay retraso en la aplicación de la justicia. Se trata también
de un poder judicial politizado, y por tanto corrupto, que se pliega a
los intereses de los que concentran el poder político y económico del
país. Esto no permite garantizar procesos transparentes, sin dilaciones,
imparciales e independientes. En este contexto, muchos defensores
públicos se han convertido en simples tramitadores de fianzas, no informan a
los detenidos sobre sus casos, y han desatendido la Ley del Reo sin
Condena y otros instrumentos de protección para las personas privadas de
libertad.

En el terreno de los hechos ha quedado en evidencia que las reformas
judiciales realizadas en los últimos años han resultado insuficientes y
no han pasado de ser retoques paliativos y cosméticos que maquillan un
problema que es sistémico. Ninguna reforma ha logrado hasta ahora
cambios profundos que incidan en las condiciones infrahumanas en las que
viven miles de personas privadas de libertad. La Ley del Reo sin Condena se
ha aplicado de manera tardía, las Juntas de Cooperación y Control de
Centros penitenciarios no han funcionado, y el traslado y manejo de los
centros penales desde la Secretaría de Gobernación y Justicia a la
Secretaría de Seguridad no ha significado ningún avance que garantice a los
internos el respeto a sus derechos humanos.

UN CLIMA DE VIOLENCIA QUE GENERA VIOLENCIA
Otro grave problema en las cárceles hondureñas es la violencia que
domina en ellas. Es un dato visible. El actual sistema carcelario es un
sistema violento, que educa para la violencia y que se nutre de la
violencia. Ejerce violencia y acumula violencia. En las cárceles se condensa
la violencia de la sociedad.

Esta violencia no es sólo consecuencia del hacinamiento. También lo es
de la falta de voluntad política para aplicar efectivamente la Ley de
Rehabilitación del Delincuente y su reglamento. Es fruto del retardo de
la justicia, de la corrupción vinculada al tráfico de armas y de
drogas, y de la inexistencia de programas educativos y recreativos que
colaboren a la rehabilitación y a la readaptación en una vida
post-carcelaria. El hecho de que miles de personas vivan hacinadas y en condiciones
tan lamentables es una más de las formas de tratamiento cruel, inhumano y
degradante, en el que se expresa la violación a derechos humanos
establecidos en normas internacionales reconocidas y ratificadas por el
Estado hondureño.

La corrupción que impera en los centros penales del país es un factor
que genera mucha violencia. En el operativo realizado antes de la
masacre de El Porvenir se decomisaron cuarenta y dos puñales y cuatro
machetes. Durante el sangriento motín, algunos internos portaban armas de
fuego de diverso calibre y una granada. Está clara la responsabilidad de
las autoridades del centro penal en el tráfico de armas al interior de la
cárcel. ¿Cómo creer las afirmaciones de personeros del gobierno en el
sentido de que las autoridades del centro no conocían ni tenían siquiera
indicios del movimiento de armas y drogas dentro de la granja penal?
¿No resulta especialmente llamativo que el operativo de desarme estuviera
dirigido exclusivamente a desarmar a todos los miembros de la Mara 18,
sesenta y uno de los cuales murieron en la matanza?

VIOLENCIA EN LAS CÁRCELES: VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD
La violencia en las cárceles refleja la violencia en la sociedad. A las
cárceles van a parar aquellos sobre quienes la sociedad ejerce a dario
violencia económica, política y cultural. La pobreza, que afecta a un
altísimo porcentaje de la población hondureña, la inoperancia y falta de
confianza en el sistema judicial y en la policía, han ido dejando una
densa estela de inseguridad en el país.

Los grandes medios de comunicación manejan consignas para “interpretar”
la violencia y la inseguridad que reinan en la sociedad:
responsabilizan de todo esto a las maras, a las pandillas. Y les sobran percepciones
para alimentar sus argumentos. Sin embargo, las estadísticas no los
respaldan: la delincuencia juvenil apenas significa el 5% de todas las
infracciones, crímenes y delitos cometidos en el país.

Según el informe de enero 2002 del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, dos terceras partes de todos los menores muertos de manera
violenta en el país ni pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes de
infracción de leyes. El informe sugiere que su asesinato se produjo al
ser identificados por su vestimenta y apariencia como miembros de maras.
Resulta difícil no sospechar que tantos asesinatos en serie no formen
parte de una campaña nacional de “limpieza social” impulsada por
diversos sectores de la sociedad hondureña, con el respaldo de algún sector
empresarial y con la complicidad -o la tolerancia- de autoridades
gubernamentales.

Los horrendos sucesos de la granja penal El Porvenir muestran que esta
campaña de limpieza social se ha extendido a las cárceles, lo que
permite concluir que la violencia juvenil y los asesinatos en serie, en
lugar de disminuir con la política de Cero Tolerancia proclamada por el
Presidente Maduro, se ha agudizado, incrementando el estado de espanto en
toda la sociedad. Ante estos hechos, suena hoy como broma de mal gusto
el compromiso hecho por Maduro cuando era candidato presidencial: “La
inseguridad deberá ser combatida con acciones que creen una cultura de
respeto a la ley, de paz y de no violencia, de respeto a la vida y a los
derechos de los demás, de tolerancia de las diferencias y creencias que
no transgredan la moral, la ética, las buenas costumbres y el orden
público”.

Las ejecuciones extrajudiciales siguen en la impunidad. Y todo apunta a
una impunidad permanente. No existen investigaciones efectivas, es
evidente el retardo en los procesos judiciales y son notables los
entorpecimientos al ponerse éstos en marcha. Tantas arbitrariedades han llamado
la atención internacional y Naciones Unidas envió a Honduras a una
relatora especial para que analizara el tema de las ejecuciones
extrajudiciales y el de las ejecuciones sumarias o arbitrarias. En su informe,
constató la violación sistemática del derecho a la vida de miles de niñas,
niños y adolescentes hondureños.

¿Y LAS MUJERES PRESAS?
Siendo las mujeres sólo un 2% del total de la población carcelaria, en
ellas se expresa con crudeza la discriminación y el abuso de los que
son objeto todas las mujeres en la sociedad hondureña. Las mujeres presas
son víctimas de una triple discriminación: la que se deriva de su
condición de mujeres, la que les impone su situación de encierro, y la que
sufren todas las personas pobres y excluidas sobre las que el sistema
penal lanza todo su odio.

Esta triple discriminación la sienten las mujeres prisioneras de varias
formas: en la gravidez, en la crianza de sus hijos, en el derecho a la
patria potestad, en las violaciones sexuales que sufren en la cárcel,
en el abandono familiar. En muchos casos, las mujeres en prisión son
chantajeadas por funcionarios penitenciarios que les ofrecen algunas
“prebendas” a cambio de favores sexuales. El trato es especialmente indigno
para el cuerpo de las mujeres cuando en las cárceles se realizan
operativos en busca de armas o drogas.

La legislación penitenciaria establece que en prisión las mujeres deben
permanecer separadas de los hombres
y vigiladas por personal femenino. Sin embargo, las cárceles hondureñas
pasan por alto la ley y las mujeres se ven abandonadas a suerte,
responsables, a su cuenta y riesgo, de su sobrevivencia personal, incluso
cuando necesitan de cuidados especiales antes, durante y después del
parto.

¿PAPELES MOJADOS?
Honduras es signataria de tratados internacionales que defienden los
derechos humanos, legislaciones que incluyen una extensa y detallada
normativa para la protección de las personas privadas de su libertad. Lo
que viene ocurriendo, y que culminó en la masacre en la granja penal de
El Porvenir, demuestra que el Estado no está interesado en cumplir los
compromisos que ha asumido internacionalmente.

Aunque la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha
dicho que el hacinamiento en El Porvenir “no fue el problema toral de la
matanza”, no hay duda de que mientras no se reduzca la población
carcelaria jamás se podrá iniciar un proceso para la disminución de la
violencia y para garantizar un mínimo respeto a los derechos humanos de los
encarcelados. Lo grave es que no resulta previsible que disminuya el
número de los potenciales encarcelables. Las leyes vigentes se encaminan a
penalizar casi todo y a aumentar drásticamente las penas.

El retardo de justicia, el aumento de las penas, la legalización de la
cadena perpetua, así como la reducción de los beneficios a los
reclusos, son factores que contribuyen al hacinamiento, a la insalubridad y a
la violencia existente en el sistema carcelario del país.

Si la legislación establece que se garantiza a los reos un juicio sin
dilaciones como expresión de su derecho a la libertad, de la presunción
de su inocencia y de su derecho a la defensa, queda claro que el Estado
hondureño es responsable de violar sistemáticamente los derechos
básicos de las personas detenidas cuando casi el 90% de la población
carcelaria no ha recibido sentencia.

En los tratados internacionales de los que el Estado hondureño es
signatario se establece que las personas presas no pueden ser sometidas a
penurias o restricciones que no sean las que resulten de la privación de
su libertad.
El trato a los reos no debe agravar el sufrimiento inherente a la
privación de su libertad y el sistema penitenciario debe velar para que se
reduzcan al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en
libertad. Por tanto, el Estado hondureño es responsable
internacionalmente por no ofrecer a las personas privadas de libertad condiciones
mínimas que les permitan purgar su pena en las condiciones de dignidad a
las que tienen derecho como seres humanos.

¿CUÁNTAS TRAGEDIAS MÁS?
Quien visite las cárceles hondureñas podrá observar al primer golpe de
vista el deterioro físico de los centros, el clima de violencia
latente, la casi nula atención médica, la carencia de programas de
capacitación y de re-educación y la absoluta falta de espacios de recreación. Como
si las cárceles fueran un dispositivo a la espera pasiva de motines,
incendios y asesinatos masivos. Son urgentes las transformaciones en el
sistema carcelario hondureño y en el sistema de justicia del país.
¿Tendrán que multiplicarse tragedias como las de El Porvenir para que la
sociedad y las autoridades vuelvan su mirada a las cárceles y a los
encarcelados?.