Tegucigalpa M.D.C., 19 de enero del 2006
Representantes de organizaciones de Sociedad Civil, conscientes de los
vicios que han obstaculizado el buen funcionamiento del Congreso
Nacional acumulados durante los 24 años de democracia, hemos
precisado algunos de los elementos principales a los que debiera
darse prioridad en este nuevo periodo legislativo, a fin de que
las y los nuevos diputados asuman el rol que les corresponde y
que les fue confiado por el pueblo hondureño para contribuir a
la consolidación y democratización de este Poder del Estado.
Los verdaderos desafíos pendientes en el Poder Legislativo y que
no pueden ser evadidos bajo ninguna justificación, se pueden
dividir en al menos cuatro áreas, a saber:
1. En la Modernización de la función Legislativa
La reforma del reglamento interno del Congreso Nacional ha sido
una acción postergada por las distintas directivas que ha tenido
el Poder Legislativo. Ni el Partido Nacional, ni el Partido
Liberal han demostrado interés en reformarlo. Hoy 19 de enero,
último día de sesiones de la Cámara Legislativa el tan traído
reglamento interno ni siquiera ha sido contemplado en la agenda
del día, su aprobación en ésta misma fecha demostraría el
interés de superar la crisis actual y permitiría una selección
de la nueva directiva del Congreso Nacional libre de presiones y
burdas negociaciones.
Dicho reglamento debe ser reformado a fin de volver transparente
el manejo administrativo, financiero y técnico del Congreso, y,
por supuesto, a volver más democrático el procedimiento para la
confección y publicidad de la agenda legislativa, reduciendo los
poderes discrecionales de los titulares de ese poder, aspecto
que tanto daño le ha hecho al avance democrático.
Otros temas importantes de la agenda del Congreso Nacional
tampoco han sido abordados y exigimos debate alrededor de los
mismos. Entre ellos mencionamos:
La adecuación de la figura de las comisiones legislativas para
que sean realmente funcionales, competentes y manejadas de forma
democrática.
El fortalecimiento a la función de asesoría técnica-política a
los congresistas, lo cual implica darle un carácter permanente a
esta función, y vinculada directamente al trabajo de las
comisiones.
La profundización de los canales de relación con los sectores
sociales involucrados en las leyes a discutirse. Si bien existe
por ahora una comisión de enlace entre el Congreso y la sociedad
civil, a ésta figura hay que dinamizarla operativizarla y
otorgarle más legitimidad. Requiere por lo tanto, un decreto que
formalice su estatus jurídico, y una clara voluntad política
para darle protagonismo.
2. En el contenido de la agenda del Congreso Nacional
Hacer realmente pública la liquidación presupuestaria de la
república, incluyendo, el que se dé a conocer con la debida
antelación a los diputados y a la sociedad civil el proyecto de
presupuesto, a fin de que exista una verdadera discusión, en
lugar de una aprobación automática sin mayor reflexión y
análisis.
Aprobar las leyes que han sido consensuadas por los diferentes
sectores involucrados, como la Ley Forestal, la Ley
Penitenciaria, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley del Adulto Mayor, principalmente.
Hacer las reformas pertinentes propuestas por las Sociedad Civil
y otros sectores nacionales a leyes como las de Minería, la del
Control de Armas, la de Municipalidades, así como la reforma al
Código de Familia en lo que respecta a la paternidad
responsable.
Asumir con responsabilidad la creación de nuevas leyes
requeridas por el país, como la Ley de Participación Ciudadana,
Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, así
como la necesidad de cuerpos legales específicos que regulen, en
función al interés general, temas como el aprovechamiento de
energías renovables, el financiamiento de las campañas políticas
y el campo de las telecomunicaciones. De igual manera, los
diputados electos tienen que adoptar las medidas pertinentes
para avanzar en la reforma política electoral, sin que se
retroceda en el espíritu de las mismas, siendo por ahora
prioritario la readecuación del Tribunal Supremo Electoral como
un ente profesionalizado, autónomo y que rinda cuentas de su
ejercicio, para corregir el penoso desempeño de este ente.
En cuanto a los contratos aprobados por el Congreso Nacional, es
preciso darle la publicidad previa a las transacciones que va a
celebrar el Estado y que requieren aprobación de los
diputados(as). Conviene además la revisión de los contratos que
se pactan en los lapsos de transición entre cada cambio de
gobierno, si estos lesionan al interés general, así como al
revisión al tipo de mayoría que se requiere para aprobar ciertos
contratos de mayor cuantía.
3. En el nombramiento de las titulares de las
instituciones contraloras y de la Corte Suprema de Justicia
A los diputados les compete, sin excusa alguna, deponer sus
intereses partidarios o de cualquier índole particular, en el
nombramiento de los titulares de entidades cruciales como el
Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral,
Ministerio Público, Comisionado de los Derechos Humanos,
Procuraduría general de la república, y por supuesto a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, los
intereses partidarios y de grupos han prevalecido en los
nombramientos, en detrimento del interés de la ciudadanía,
siendo el caso del Ministerio Público el más patético.
Por lo tanto, la transparencia en la nominación de estos
funcionarios y el respeto al régimen de inhabilitaciones es
impostergable, así como la rendición de cuentas vertical de las
instituciones contraloras.
4. En la relación del Poder Legislativo con el Poder Judicial
y el Poder Ejecutivo
- Con el poder judicial: Al nuevo Congreso Nacional se le
demanda que velen por la independencia del Poder Judicial,
evitando la ingerencia partidaria en este Poder del Estado,
y apoyando en lo que sea posible el fortalecimiento del
sistema de justicia. De manera puntual, deben respetar el
procedimiento para la elección de los próximos magistrados
de la C.S.J., superando los visos de politización observados
en el proceso anterior.
- Con el Poder Ejecutivo: La ciudadanía no espera un
Congreso Nacional sumiso al poder Ejecutivo, pero tampoco
desea un Congreso que bloquee por mero cálculo partidario
las iniciativas de aquel Poder. En otras palabras, el
desafío es conformar una asamblea de diputados que actúe en
complementariedad con el Ejecutivo. Contrapeso cuando lo
tenga que haber, apoyo expedito cuando sea conveniente para
el país.
Por lo anterior:
Las organizaciones sociales esperamos que los congresistas
tiendan puentes con la sociedad que los eligió para
apoyarles en su labor en pro del cambio social y la
democratización de Honduras; pero también estamos en alerta
para defender el interés colectivo y el Estado de Derecho,
cuando la actuación de los diputados sea impropia de su
investidura y no se corresponda con las grandes necesidades
e intereses del pueblo soberano que representan.
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