Enero

El Congreso Nacional procura aprobar hoy Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Hoy, luego de la instalación del nuevo periodo legislativo 2006-2010, la cámara de diputados y diputadas realizaran la primera sesión para elegir al Procurador y Sub Procurador de la República, asi como también la aprobación de varios proyectos de ley, entre los cuales se destaca el de Transparencia y Acceso a la Información Publica, del cual debemos estar atentos para que dicho proyecto al convertirse en ley cuente con los aspectos torales y haya real transparencia de parte del Estado hacia la ciudadanía.

De igual manera la Sociedad Civil organizada y no organizada debemos tener presente los principales desafíos que enfrenta el Congreso Nacional y para ello CIPRODEH les remite el siguiente documento que revela un punteo de los mismos en las áreas de: Modernización de la función legislativa, agenda del Congreso Nacional, nombramiento de las y los titulares de las instituciones contraloras y Corte Suprema de Justicia y de la relación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Representantes de organizaciones de Sociedad Civil, conscientes de los vicios que han obstaculizado el buen funcionamiento del Congreso Nacional acumulados durante los 24 años de democracia, hemos precisado algunos de los elementos principales a los que debiera darse prioridad en este nuevo periodo legislativo, a fin de que las y los nuevos diputados asuman el rol que les corresponde y que les fue confiado por el pueblo hondureño para contribuir a la consolidación y democratización de este Poder del Estado.

Los verdaderos desafíos pendientes en el Poder Legislativo y que no pueden ser evadidos bajo ninguna justificación, se pueden dividir en al menos cuatro áreas, a saber:

La reforma del reglamento interno del Congreso Nacional ha sido una acción postergada por las distintas directivas que ha tenido el Poder Legislativo. Ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal han demostrado interés en reformarlo. Hoy 19 de enero, último día de sesiones de la Cámara Legislativa el tan traído reglamento interno ni siquiera ha sido contemplado en la agenda del día, su aprobación en ésta misma fecha demostraría el interés de superar la crisis actual y permitiría una selección de la nueva directiva del Congreso Nacional libre de presiones y burdas negociaciones.

Dicho reglamento debe ser reformado a fin de volver transparente el manejo administrativo, financiero y técnico del Congreso, y, por supuesto, a volver más democrático el procedimiento para la confección y publicidad de la agenda legislativa, reduciendo los poderes discrecionales de los titulares de ese poder, aspecto que tanto daño le ha hecho al avance democrático.

Otros temas importantes de la agenda del Congreso Nacional tampoco han sido abordados y exigimos debate alrededor de los mismos. Entre ellos mencionamos:

La adecuación de la figura de las comisiones legislativas para que sean realmente funcionales, competentes y manejadas de forma democrática.

El fortalecimiento a la función de asesoría técnica-política a los congresistas, lo cual implica darle un carácter permanente a esta función, y vinculada directamente al trabajo de las comisiones.

La profundización de los canales de relación con los sectores sociales involucrados en las leyes a discutirse. Si bien existe por ahora una comisión de enlace entre el Congreso y la sociedad civil, a ésta figura hay que dinamizarla operativizarla y otorgarle más legitimidad. Requiere por lo tanto, un decreto que formalice su estatus jurídico, y una clara voluntad política para darle protagonismo.

Hacer realmente pública la liquidación presupuestaria de la república, incluyendo, el que se dé a conocer con la debida antelación a los diputados y a la sociedad civil el proyecto de presupuesto, a fin de que exista una verdadera discusión, en lugar de una aprobación automática sin mayor reflexión y análisis.

Aprobar las leyes que han sido consensuadas por los diferentes sectores involucrados, como la Ley Forestal, la Ley Penitenciaria, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley del Adulto Mayor, principalmente.

Hacer las reformas pertinentes propuestas por las Sociedad Civil y otros sectores nacionales a leyes como las de Minería, la del Control de Armas, la de Municipalidades, así como la reforma al Código de Familia en lo que respecta a la paternidad responsable.

Asumir con responsabilidad la creación de nuevas leyes requeridas por el país, como la Ley de Participación Ciudadana, Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, así como la necesidad de cuerpos legales específicos que regulen, en función al interés general, temas como el aprovechamiento de energías renovables, el financiamiento de las campañas políticas y el campo de las telecomunicaciones. De igual manera, los diputados electos tienen que adoptar las medidas pertinentes para avanzar en la reforma política electoral, sin que se retroceda en el espíritu de las mismas, siendo por ahora prioritario la readecuación del Tribunal Supremo Electoral como un ente profesionalizado, autónomo y que rinda cuentas de su ejercicio, para corregir el penoso desempeño de este ente.

En cuanto a los contratos aprobados por el Congreso Nacional, es preciso darle la publicidad previa a las transacciones que va a celebrar el Estado y que requieren aprobación de los diputados(as). Conviene además la revisión de los contratos que se pactan en los lapsos de transición entre cada cambio de gobierno, si estos lesionan al interés general, así como al revisión al tipo de mayoría que se requiere para aprobar ciertos contratos de mayor cuantía.

3. En el nombramiento de las titulares de las instituciones contraloras y de la Corte Suprema de Justicia

A los diputados les compete, sin excusa alguna, deponer sus intereses partidarios o de cualquier índole particular, en el nombramiento de los titulares de entidades cruciales como el Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Comisionado de los Derechos Humanos, Procuraduría general de la república, y por supuesto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, los intereses partidarios y de grupos han prevalecido en los nombramientos, en detrimento del interés de la ciudadanía, siendo el caso del Ministerio Público el más patético.

Por lo tanto, la transparencia en la nominación de estos funcionarios y el respeto al régimen de inhabilitaciones es impostergable, así como la rendición de cuentas vertical de las instituciones contraloras.

4. En la relación del Poder Legislativo con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo

· Con el poder judicial: Al nuevo Congreso Nacional se le demanda que velen por la independencia del Poder Judicial, evitando la ingerencia partidaria en este Poder del Estado, y apoyando en lo que sea posible el fortalecimiento del sistema de justicia. De manera puntual, deben respetar el procedimiento para la elección de los próximos magistrados de la C.S.J., superando los visos de politización observados en el proceso anterior.

· Con el Poder Ejecutivo: La ciudadanía no espera un Congreso Nacional sumiso al poder Ejecutivo, pero tampoco desea un Congreso que bloquee por mero cálculo partidario las iniciativas de aquel Poder. En otras palabras, el desafío es conformar una asamblea de diputados que actúe en complementariedad con el Ejecutivo. Contrapeso cuando lo tenga que haber, apoyo expedito cuando sea conveniente para el país.

Las organizaciones sociales esperamos que los congresistas tiendan puentes con la sociedad que los eligió para apoyarles en su labor en pro del cambio social y la democratización de Honduras; pero también estamos en alerta para defender el interés colectivo y el Estado de Derecho, cuando la actuación de los diputados sea impropia de su investidura y no se corresponda con las grandes necesidades e intereses del pueblo soberano que representan.