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Después del letargo asumido por la Cámara Legislativa
para discutir proyectos de interés nacional, en esta semana se
retomó la discusión de dos iniciativas de mucha importancia, la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las reformas a la
Ley General de Minería. No obstante con la primera se ha generado
una serie de sinsabores que van desde el incumplimiento al procedimiento
legislativo hasta el cambio del dictamen consensuado con sectores de la
Sociedad Civil por uno que se constituye en burla y que lo que menos
facilita es el acceso a información que debe ser pública ya por su
propia naturaleza, tomando en cuenta el principio de transparencia que
debieran tener las acciones gubernamentales.
Esta ley de Transparencia, se continuará discutiendo, ahora en su
tercer y último debate, después de las fiestas patrias, según lo anunció
el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, ya que durante
la próxima semana los y las diputadas se dedicaran a las actividades
cívicas de sus departamentos para mostrar ante sus representados el amor
y servicio al país.
En cuanto a la discusión en último debate de las reformas a la Ley
General de Minería, este jueves se avanzó con los artículos menos
conflictivos para los diversos sectores involucrados en el proceso, en
los cuales se dio una amplia participación de los diputados de
Unificación Democrática, quienes inicialmente se oponían a dicha
reforma, considerado incluso abstenerse en la discusión.
Los artículos más polémicos serán aprobados hasta en las sesiones del 19
al 21 de septiembre, según anunció la Junta Directiva del Congreso
Nacional.
Entre los artículos aprobados están:
Artículo 54: Que refiere a las condiciones de publicación de
solicitudes de concesión, mismo que fue aprobado con la enmienda de que
la publicación de la solicitud sea integra y no extractada como se
proponía en el dictamen (Moción Realizada por Oscar Mejía de Unificación
Democrática), igualmente se manda que la publicación de la misma se haga
a través de una radioemisora de cobertura local a la zona de influencia
de la posible concesión, con la finalidad de que los interesados sean
realmente informados( Moción presentada por el nacionalista Juan Orlando
Hernández). El dictamen solo ordenaba la publicación en la Gaceta, dos
publicaciones en diarios de amplia circulación nacional y un anuncio por
tres días en una radioemisora de cobertura nacional.
Articulo 58: Sobre las concesiones de beneficio: igualmente se
realizo la enmienda en el sentido que la publicación de la solicitud sea
completa y no extractada ( moción de Oscar Mejía). El diputado Liberal
Edmundo Orellana presento la moción de que se ampliará el término a 30
días para la evaluación de la solicitud y la correspondiente emisión de
los dictámenes técnicos y legales, previos a la celebración del contrato
de concesión, argumentando que el plazo propuesto en el dictamen de 15
días era muy corto para realizar las evaluaciones respectivas sobre todo
porque a través de este mecanismo se estaban entregando las riquezas del
país y por tanto habría que tener el tiempo suficiente para hacer las
evaluaciones de forma adecuada y sin prisa. La moción fue aceptada y se
incorporo a la redacción final del artículo en mención.
Adicionalmente el diputado nacionalista Arnoldo Aviles, presidente de la
comisión de dictamen presento la moción de que se creará un nuevo
artículo donde se exigiera la publicación integra de los contratos de
concesión y no solamente de las solicitudes como plantea el dictamen.
Esta moción será reconsiderada al finalizar todo el proceso de discusión
del dictamen.
Articulo 65: Sobre las causales de nulidad de las concesiones
mineras: La diputada de Unificación Democrática Silvia Ayala presento al
moción de que aparte de las ya indicadas en el dictamen se incorporara
como causal de nulidad el irrespeto a lo establecido en las normas y
leyes nacionales, así como el incumplimiento de las normas laborales que
seguirán e higiene. Ante esto el diputado Edmundo Orellana ilustro a la
cámara en el sentido de que habría que diferenciar sobre causales de
nulidad que son las que se refieren a la falta de respeto a
procedimientos lo que puede viciar el proceso y que las causales de
cancelación o revocatoria son las que se refieren a incumplimientos de
normas y regulaciones. Sugiriendo que la primera moción de la diputada
Ayala fuera considerada como causal de nulidad y que la segunda moción
se incorporara como causal de cancelación. Esta iniciativa fue
respaldada y aprobada por la Cámara legislativa.
El diputado Aviles solicitó a la Cámara se le permitiera presentar una
moción relativa a las causales de cancelación, donde se incorporaba la
propuesta de la diputada Silvia Ayala. Igualmente se acordó que la
moción fuera presentada una vez discutido el dictamen.
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