Monitoreo Legislativo:  Informe Julio 2008
 

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Campaña Política provoca mayor ausentismo de diputados en sesiones legislativas

Durante esta semana el Congreso Nacional sesionó unas 9 horas con una asistencia aproximada de 50 diputados, denotándose un mayor ausentismo en esta segunda etapa de la legislatura 2008 en vísperas de las elecciones internas de los diferentes partidos políticos, (noviembre 2008).

Entre los principales puntos tratados en esta semana:

1. El Tribunal Superior de Cuentas recomendó al Congreso Nacional no aprobar los contratos de energía producida a base de carbón que fueron firmados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE porque con ello se incrementaría la crisis financiera de esta empresa en un sobre costo de 614 millones de dólares en el término de los 20 años que durarían los contratos.

El informe de la investigación del Tribunal Superior de Cuentas practicada al proceso de contratación directa para el suministro de 250 MW de energía eléctrica producida a base de carbón, arguye que el precio que se establece en el contrato es más alto que el precio del MW producido con bunker por lo que debe iniciarse un proceso de licitación internacional para obtener costos más bajos de los que se están ofreciendo con esta contratación directa que firmó la ENEE.

2. Se aprobó en único debate proyecto orientado a declarar zonas reservadas para la exploración y explotación del ópalo a las comunidades de Erandique y San Andrés en el departamento de Lempira a fin de generar fuente de trabajo a los habitantes de la zona.

3. En último debate se aprobó el proyecto relacionado a aliviar de intereses la deuda de los pequeños productores agropecuarios beneficiados con los fondos de crédito de los proyectos: Plan de Desarrollo Rural de la Región de Occidente (PLANDERO), Proyecto de Desarrollo Rural Centro Oriente (PRODERCO) y Proyecto de Desarrollo Rural Sur Occidente (PROSOC) y la reactivación de la cartera de préstamos y que fueron financiados con préstamos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Entre los proyectos presentados se destacan:

El diputado Antonio César Rivera Callejas presentó proyecto para que toda contratación pública que realice el Poder Ejecutivo en beneficio del aeropuerto de Palmerola, deba hacerse mediante la celebración de una legítima licitación pública.

Ley Orgánica del Colegio de Nutricionistas y Dietas de Honduras, Diputada Mary Elizabeth Flores

Prorrogar hasta el 30 de septiembre del presente año, el plazo señalado en el artículo 204 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Diputado Rigoberto Chang Castillo.

Entre las mociones más importantes se aprobaron las siguientes:

Este miércoles 6 de agosto comparecerá el Director del Instituto de la Propiedad, Mario Maldonado y el Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Armando Sarmiento, para que expliquen los fundamentos legales en que se basaron para establecer un cobro entre 500 y tres mil lempiras con el propósito de impulsar un Registro Vehicular, tomando en cuenta que solo el Congreso Nacional tiene facultades para crear impuestos. Asimismo las razones por lo que se le delega esta actividad a la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Diputada Adela Elizabeth Zúniga.

Que agilice la opinión al dictamen de la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, le piden a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Cecilia Morales, a fin de que pueda aprobarse dicha ley durante el mes de la Familia”. Diputada Martha Lorena Alvarado.

La diputada Dayana Gisell Martínez, solicitó se exhorte al Presidente de CONATEL, Rassel Tomé, para que cumpla con lo establecido en la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, exigiendo tanto a las compañías televisoras como a las personas naturales y jurídicas que alquilan los espacios para presentar noticieros informativos que contraten para sus programas la asistencia de intérpretes o que inserten mensajes escritos en las pantallas, a fin de hacer accesible a las personas con problemas auditivos, la información que están transmitiendo”.

 


Congreso Nacional defiende intereses de empresas mineras


Congreso Nacional no prohibirá la explotación minera a cielo abierto, reveló el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y el Ambiente, diputado Arnoldo Aviles, a los grupos organizados que han estado trabajando en el proceso de concertación de las reformas a la Ley General de Minería.


La Cámara Legislativa reinició después de tres años la discusión de las reformas a Ley de Minería, estancándose el debate en el artículo 72, por medio del cual se impone a las empresas concesionarias el pago de impuestos, porque de acuerdo a la ley vigente éstas están exoneradas.


Desde hace siete años distintos sectores nacionales, especialmente las poblaciones afectadas directamente por la explotación minera han venido demandando que se elimine la explotación a cielo abierto, que las empresas concesionarias paguen los impuestos para que en alguna medida se subsane el daño que producen y que sean los habitantes de la zona quienes decidan el otorgamiento de concesiones mineras.
Demandas que se habían logrado concertar entre la comisión dictaminadora de la ley, los mineros y grupos organizados pero ahora dichos acuerdos podrían ser alterados de acuerdo a las declaraciones del diputado Aviles.


El representante de la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería, Carlos Patiño, expresó que si el Congreso Nacional no prohíbe el método de explotación a cielo abierto y la utilización de sustancias toxicas en la actividad estaría desconociendo y contradiciendo la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 4 de octubre del 2006, dejando nuevamente con vicios de inconstitucionalidad las reformas a la ley de Minería.


Agregó: “La Sala es clara al señalar que la ley vigente es inconstitucional porque no contiene prohibiciones a métodos de explotación extremos como el método de explotación a cielo abierto y no prohíbe el uso de agentes altamente tóxicos como el cianuro”.


La Corte Suprema de Justicia a través del fallo de la Sala de lo constitucional de fecha 4 de octubre del 2006, declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad por razones de fondo interpuesto contra la Ley General de Minería, estableciendo en el considerando 18 que la explotación minera exige la adopción de políticas adecuadas para minimizar los efectos negativos de la misma y que lo dispuesto en el artículo 79 no satisface la necesidad de prevenir, evaluar, revertir y sancionar los efectos negativos de la actividad minera.

En consecuencia la Sala de lo Constitucional encuentra que el vacío legislativo de los artículos 40 y 79 de la Ley de Minería quebranta lo dispuesto en los artículos 1, 59, 65,68, 145 de la Constitución de la República e instrumentos internacionales que declaran y protegen la vida e integridad humana, así mismo el derecho fundamental a la convivencia armónica con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.” 

 

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