HONDURAS

Se recibieron frecuentes informes de tortura y malos tratos a reclusos por parte del ejército y la policía. Según los informes, los cargos contra algunos presos políticos se basaban sobre todo en declaraciones extraídas mediante tortura. Dos sindicalistas y un dirigente estudiantil resultaron muertos en circunstancias que sugieren que fueron ejecutados extrajudicialmente por grupos supuestamente vinculados a las Fuerzas Armadas. Varios presupuestos delincuentes pudieran haber sido ejecutados extrajudicialmente por la policía. Aún no estaba claro el destino sufrido por aproximadamente 150 personas que habían desaparecido tras ser detenidas bajo anteriores gobiernos.

En enero, Rafael Leonardo Callejas tomó posesión del cargo de Presidente tras ser elegido en noviembre de 1989. Aunque en su discurso inaugural, el Presidente subrayó la importancia de salvaguardar los derechos humanos, continuaron conculándose.

Se recibieron informes de acciones atribuidas a grupos armados de la oposición, incluidos ataques al personal militar de los Estados Unidos en Honduras.

En mayo, Honduras firmó el Segundo Procolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte; a finales de año no lo había ratificado.

Con frecuencia se detuvo a personas sin orden judicial y se las mantuvo detenidas sin comparecer ante el Juez más allá del límite constitucional de 24 horas. Según los informes, varios presuntos delincuentes comunes y opositores políticos sufrieron torturas o malos tratos de otra clase mientras se encontraban en régimen de incomunicación en los centros de detención de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), el órgano de investigación de la policía nacional, o en cuarteles militares. Entre los métodos de tortura empleados se encontraban la privativación de la comida y agua; la suspensión del techo por una cuerda pasada por las esposas con las manos atadas a la espalda; descargas eléctricas en manos y pies; casi asfixia en la "capucha" de caucho, a menudo impregnada de cal; palizas, y amenazas de muerte contra las familias de los detenidos.

Manuel Castillo Reyes formaba parte de un grupo de cinco personas detenidas en abril y acusadas de pasar armas de contrabando a la oposición armada de El Salvador. Según los informes, le mantuvieron incomunicado durante casi cinco semanas antes de trasladarle a la cárcel. Según parece, durante los primeros 15 días que pasó bajo custodia le golpearon repetidamente, le aplicaron la capucha y le colgaron por los pies. Dijo que varios militares prendieron fuego alrededor de él en medio de la noche y le amenazaron con quemarle vivo. Lo dejaron en libertad tras varios meses en la cárcel, pero otros dos presos que estaban con él, y que también afirmaron haber sido torturados, seguían en prisión a finales de año. En una actuación excepcional, un Juez que vio la petición de hábeas corpus presentada en nombre de Manuel Castillo, inició una investigación de sus denuncias de detención ilegal.

Julio Francisco Lagos Holman, Abogado, detenido en Tegucigalpa en mayo por miembros de la DNI, fue llevado a diferentes centros pertenecientes a la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), que le acusó de posesión de armas. Afirmó que agentes de la FUSEP le golpearon, le dieron patadas y le aplicaron descargas eléctricas. Le dejaron en libertad sin cargos el 8 de junio.

Las circunstancias de la detención y del interrogatorio de otros presos políticos hicieron temer que se hubiera atentado contra su derecho a un juicio justo, en especial debido a que se alegó que los cargos se basaban sobre todo en confesiones obtenidas mediante tortura. Según los informes, cinco presos detenidos en 1989 y acusados de tráfico de armas fueron acusados sobre la base de declaraciones extraídas mediante tortura. Algunos dijeron que les habían tenido recluidos sin permitirles comunicarse un Abogado durante varios meses.

Según los informes, se cometieron agresiones físicas y otros actos intimidatorios contra sindicalistas, opositores al gobierno, activistas de derechos humanos y estudiantes. Los grupos hondureños de derechos humanos atribuyeron estos abusos a grupos clandestinos presuntamente vinculados con las Fuerzas Armadas. El ex-dirigente estudiantil Roberto Zelaya salió de Honduras en abril, tras resultar gravemente herido en un ataque el mes anterior. Según parece, tres hombres no identificados le secuestraron, le golpearon en la cabeza y le hicieron con un cuchillo en el estómago.

Entre las víctimas se encontraban también varios Sacerdotes que trabajaban con campesinos, especialmente cerca de la frontera con El Salvador. El Padre Felipe Quintanilla, por ejemplo, informó que en mayo dispararon hacia su casa desde un coche que pasaba. Otros Sacerdotes recibieron amenazas anónimas de muerte.

Dos sindicalistas y un dirigente estudiantil murieron en circunstancias que pudieron ser ejecutados extrajudicialmente. Sus casos eran similares a otras ejecuciones extrajudiciales registradas en años anteriores, presuntamente llevadas a cabo por grupos vinculados a las Fuerzas Armadas.

El 20 de marzo, Dennis Hernán Rodríguez García, miembro de la Organización Campesina de Honduras (OCH), fue secuestrado en su casa de Talanga, Provincia de Morazán por un hombre que al parecer se identificó como miembro de la DNI. El hombre dijo a la esposa de Dennis Rodríguez que se lo llevaba al Cuartel del Batallón Fuerzas Especiales. El cuerpo de Dennis Rodríguez fue encontrado al día siguiente en una carretera cerca de Talanga, y mostraba heridas de bala y signos de tortura. La DNI y el Batallón Fuerzas Especiales negaron su detención.

El 31 de mayo, Francisco Javier Bonilla Medina, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS), fue muerto a tiros en Tegucigalpa por un hombre armado vestido de civil. el pistolero intentó también matar a Consuelo Valladares, una compañera del Sindicato que se encontraba en aquel momento con Francisco Bonilla. Más tarde, ella y su esposo recibieron amenazas de muerte. Los incidentes se produjeron en medio de huelgas y otras actividades sindicales en protesta contra unas medidas del gobierno. El Presidente Callejas nombró una comisión del ejército para investigar la muerte de Francisco Bonilla; la comisión concluyó que el dirigente estudiantil Martín Pineda había ordenado el asesino. Martín Pineda se presentó voluntariamente ante el Tribunal, que no encontró pruebas que le incriminaran, y fue puesto en libertad sin cargos después de pasar seis días bajo custodia. La comisión acusó también a tres hombres de llevar a cabo el asesinato, pero ellos lo negaron diciendo que les habían obligado a confesar el crimen torturándoles.

El cuerpo de Ramón Antonio Briceño, líder estudiantil del Frente de Reforma Universitaria (FRU), fue encontrado en junio con 11 orificios de bala y señales de golpes. Poco antes de su muerte, la Alianza de Acción Anticomunista (AAA), había pintado el mensaje "Briceño, estás muerto" en los muros de la Universidad Nacional.

Hubo pocos progresos en las investigaciones sobre estos asesinatos políticos y otros que tuvieron lugar en años anteriores, tales como las muertes, en 1988, de Miguel Angel Pavón Salazar y Moisés Landaverde (véase Informes 1989 y 1990). A finales de 1990 no se había llevado a nadie ante la justicia por ninguna de estas muertes.

Según los informes, varios presuntos criminales murieron en circunstancias que sugieren que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la policía. En mayo, Walter David Cruz Torres y Kemer Javier Andino López fueron detenidos por cuatro agentes del DNI en Tegucigalpa y acusados de robo. Según perece les interrogaron, les golpearon y les dispararon en una carretera cerca de Olancho. Walter Cruz murió instantáneamente, pero Kemer andino escapó.

Tres comerciantes salvadoreños, según los informes, desaparecieron después de ser detenidos sin orden de arresto por soldados hondureños en noviembre, al cruzar la frontera con Honduras para comprar comida y ropas. El ejército negó que los tuviera detenidos. Más tarde se informó que habían sido deportados a El Salvador a primeros de diciembre.

En un informe presentado al Gobierno de Honduras en diciembre de 1989, el relator especial de la tortura de las Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones para la prevención de la tortura en Honduras, entre ellas la creación de una oficina del Procurador Público dependiente de la Procuraduría General de la República, y que se transfiriera el control de la policía de las autoridades militares a las civiles. Según la información de que disponía Amnistía Internacional, a finales de 1990 no se había apoicado ninguna de dichas recomendaciones, si bien se habían dado varios pasos iniciales para la futura creación de una policía judicial.

En junio, Amnistía Internacional escribió al Presidente Callejas aprobando su declaración de compromiso en la protección de los derechos humanos e instándole a que tomara las medidas necesarias para garantizar que se investigarían a fondo los abusos, incluidos los homicidios, y que se juzgaría a los responsables. La organización continuó haciendo llamamientos para que se aclarase el paradero de aproximadamente 150 detenidos que habían desaparecido bajo gobiernos anteriores.

En diciembre, el Ministro de Gobernación y Justicia anunció que el gobierno hondureño iba a investigar estos casos de desapariciones. Amnistía Internacional recibió con satisfacción dicho anuncio, y solicitó más detalles de las investigaciones propuestas. Además, pidió que se aclarase el paradero de los tres comerciantes salvadoreños que desaparecieron en noviembre. No se recibió respuesta alguna.

También en diciembre, el gobierno hondureño pagó finalmente la indemnización a las familias de las víctimas desaparecidas Angel Manfredo Velázquez y Saúl Godínez, tal como había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988 y 1989 (véanse informes 1989 y 1990).