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| 03 de julio de 2009 | ||
| Sobre la Crisis Política Nacional | ||
| LA EXTREMA
POLARIZACIÓN La Universidad Nacional Autónoma de Honduras manifiesta su profunda preocupación por la extrema polarización política,económica y social en la que esta inmersa la sociedad hondureña desde hace varios meses. Esta polarización tiene sus orígenes en los conflictos políticos que se han gestado en el interior de las elites políticas y económicas, y en su resistencia a encontrar una salida negociada a sus diferencias. LAS INSTITUCIONES Y SECTORES INVOLUCRADOS Esta crisis, que se inscribe en el ámbito político y degeneró en el rompimiento del orden constitucional, involucró a los tres poderes el Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Tribunal Supremo Electoral y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De parte de la sociedad, también se han involucrado iglesias, empresarios, gremios, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones de productores, organizaciones étnicas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación, estudiantes y ciudadanos en general; la crisis ha confrontado fundamental y lamentablemente, y de una manera sin precedente, a los hondureños y hondureñas, en una polarización que anula los juicios razonables y ponderados, fragmentando en pedazos todo intento donde pueden confluir puntos de vista opuestos para construir un camino guiado por la razón y el conocimiento. DE CONFLICTO POLÍTICO A CONFLICTO SOCIAL E INSTITUCIONAL Las elites políticas involucraron a las Fuerzas Armadas y a la Policía para resolver mediante el uso de la fuerza un conflicto que debió ser resuelto en el ámbito político, en el marco de la ley y del respeto a los derechos de las personas, y en la observación de las garantías constitucionales. Recurrir al rompimiento del orden constitucional para dirimir un conflicto político, evidencia la debilidad de las instituciones y del Estado de Derecho; esta vía de salida ha conducido a que un conflicto de orden interno haya tomado una dimensión internacional, desde el día domingo 28 de junio, causando un enorme daño al país, de consecuencias todavía impredecibles. Esta crisis ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la autonomía de los poderes del Estado y la existencia de reglas claras que garanticen su desempeño, además de asegurar un sistema de contrapesos que evite la injerencia y los atropellos de unos poderes del Estado sobre otros, y los excesos de malas prácticas e impunidad de quienes los dirigen. EL AVANCE DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS DERECHOS CIUDADANOS. Vivimos en una época de profundos cambios y la democracia es un proceso en construcción. Cada día se avanza en el reconocimiento de derechos que los ciudadanos deben reclamar y a los cuales no pueden renunciar; entre ellos figura el derecho a ser consultados en aquellos temas trascendentes en la vida del país. Las sociedades no son pétreas, van cambiando y recogiendo los avances de la época en todos los ámbitos de la vida; la clase dirigente debe tener la habilidad para saber que los cambios sociales y políticos que deben hacerse, en vez de ser un punto de conflicto y de crisis, sea un punto de encuentro y de oportunidad para debatir sobre los cambios que hay que impulsar. La resistencia a los cambios sólo sirve para prolongar las crisis. La crisis actual evidencia la urgente necesidad de reformar el Estado; la democracia debe garantizar mayor participación e inclusión social y económica, mayor eficiencia y transparencia; pero sobre todo necesita construir una institucionalidad que garantice su despolitización partidaria y evite que cualquier funcionario manipule o irrespete la ley para satisfacer sus intereses particulares o políticos. Superar esta práctica antidemocrática ayudará a restituir la credibilidad en las instituciones y a garantizar la equidad en la toma de decisiones. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS El rompimiento del orden constitucional ha puesto en precario el papel mediador de los partidos políticos entre la sociedad y el Estado, y ha deteriorado su legitimidad ante la ciudadanía manteniéndose al margen como instituciones pero manifestándose activos en el Congreso Nacional. La crisis político institucional que enfrenta nuestro país en estos momentos, representa un desafío y una oportunidad para que los partidos políticos se reformen, redefinan su papel en el desarrollo democrático y generen estabilidad y confianza en la ciudadanía. LA POSICIÓN DE LA UNAH La Universidad Nacional Autónoma de Honduras llama a que se respete el orden constitucional seriamente afectado por los recientes acontecimientos que nos han exhibido ante el mundo como un país con instituciones fuertemente sesgadas por intereses partidarios, sin garantías jurídicas e incapaces de solucionar pacíficamente los conflictos. Demandamos que los conflictos en los que se vean involucrados los ciudadanos y funcionarios, cualquiera que sea su investidura, rango y funciones, sean resueltos aplicando las leyes y respetando el derecho que les asiste a ser juzgados en tribunales antes de ser sentenciados, tal como lo estipula un Estado de Derecho. También demandamos el pleno respeto a los derechos ciudadanos por parte de los órganos del Estado y el cese de cualquier medida de violencia, represión o intimidación contra la población, quien a su vez debe abandonar y rechazar cualquier intento o motivación para resolver por la vía violenta la actual crisis. La UNAH demanda de todos los sectores, de manera irrestricta, la libertad de expresión. Demandamos que las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre del año 2009 se lleven a cabo de acuerdo con lo previsto. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se compromete a abrir un debate profundo, pluralista, riguroso e incluyente sobre el Estado, la Constitución de la República, la democracia y sus instituciones y los retos que plantea el desarrollo democrático de cara al contexto nacional e internacional. |
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