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Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Costa Rica
Las organizaciones de derechos humanos firmantes rechazamos el golpe de
Estado en contra del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales. Sin
duda alguna, este acto es un desafío a la democracia en todo el
continente y pone a prueba la capacidad de respuesta efectiva de la
comunidad internacional.
En este sentido, agradecemos sus gestiones para iniciar un proceso de
diálogo que es necesario y urgente para restablecer la paz en Honduras y
la vigencia del Estado de Derecho. A través de la presente, es nuestra
intención manifestarle una serie de preocupaciones expresadas por el
movimiento social hondureño para que sean consideradas en el proceso de
negociación que recién inicia.
Señor Presidente, debe usted saber que además de la evidente ruptura del
orden constitucional, las autoridades golpistas han llevado a cabo una
serie de acciones en contra del deber de respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de la población hondureña, obligación contenida en
el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Podemos
afirmar que durante la vigencia del gobierno de facto, los y las
hondureñas han sido víctimas de numerosas violaciones a sus derechos
fundamentales.
En primer lugar cabe resaltar las violaciones a la libertad de
expresión. No sólo se ha limitado el acceso a información confiable,
transparente y objetiva, sino que se han ejecutado órdenes directas de
cierre y censura a medios de comunicación y a periodistas que apoyan al
Presidente Manuel Zelaya.
Adicionalmente hay una política clara de represión contra toda persona
que manifieste su desacuerdo con el gobierno de facto. Según información
recopilada por las organizaciones, más de 300 personas han sido
detenidas por su participación en manifestaciones pacíficas,
aproximadamente 180 personas han sido detenidas por violar el toque de
queda, y 18 personas están siendo procesadas por los delitos de
asociación ilícita y sedición. Cabe destacar que el ejército ha
utilizado gas picante y la presencia de francotiradores para reprimir a
los manifestantes.
El joven Isis Obed Murillo Mencia fue ejecutado por miembros del
ejército hondureño durante la manifestación ocurrida el pasado 5 de
julio, a su muerte se suman otras cuatro ejecuciones extrajudiciales que
ocurrieron con posterioridad al golpe pero cuyas circunstancias no están
claras.
Por otra parte, varios defensores y defensoras de derechos humanos
fueron y continúan siendo víctimas de actos de hostigamiento y amenazas,
sus comunicaciones son interrumpidas con frecuencia, y las sedes de las
organizaciones están siendo vigiladas por el ejército.
Ante el panorama referido, las organizaciones firmantes reafirmamos que
el diálogo es la única vía para resolver la crisis que afecta al Estado
de Honduras, sin embargo, hacemos un llamado respetuoso para que
cualquier negociación tome en cuenta los principios de verdad,
reparación y justicia, y en atención a ello manifestamos:
- SI al restablecimiento del orden constitucional y retorno del
Presidente Manuel Zelaya a Honduras para el ejercicio de sus funciones.
- NO a la impunidad por las violaciones a derechos humanos
cometidas por el régimen de facto político militar, lo que incluye el
golpe de Estado mismo, y todas las acciones contra la población civil
ejecutadas principalmente por órganos militares con el apoyo y/o
tolerancia de la Policía Nacional.
- SI a la liberación de los presos políticos capturados con
posterioridad al golpe de Estado y a la suspensión de todos los
procedimientos fiscales y penales iniciados por el Ministerio Público
después del 28 de junio, como claras acciones de persecución política
contra los funcionarios del Gobierno Zelaya y los dirigentes sociales
simpatizantes del proyecto de la Consulta Popular.
- SI a la inmediata desmilitarización de las dependencias
públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de las Fuerzas
Armadas, ello implica: el retorno inmediato del control de la seguridad
pública o interna a la Policía Nacional, el retorno sin reservas al
control civil y bajo supervisión de organismos de derechos humanos,
incluyendo de la sociedad civil, de los servicios públicos y de
telecomunicaciones, como son la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Hondutel, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Dirección de
Migración y Extranjería, hospitales públicos, cuyos accesos están
militarizados, entre otros.
- SI a la suspensión del uso de armas químicas y letales para
reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas Armadas de
actividades de control de manifestaciones públicas.
- SI a la suspensión definitiva del estado de sitio o excepción
decretado sin seguir el procedimiento Constitucional y que ha sido
utilizado para justificar las violaciones a derechos humanos
fundamentales.
- SI al reestablecimiento de la libertad de expresión y
asociación, y a la protección de la legítima labor de los defensores-as
de derechos humanos, comunicadores, líderes sociales y periodistas.
San José, 9 de julio de 2009
¡En Defensa de los Derechos Humanos en Honduras ¡
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