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En
una franca violación a la ley y sin considerar las secuelas del uso de
sustancias químicas incapacitantes como gas lacrimógeno o gas pimienta,
los policías y militares han usado indiscriminadamente esos productos en
contra de la humanidad de los manifestantes que a raíz del golpe de
Estado suscitado en Honduras, el pasado domingo 28 de junio, se han
pronunciado en diferentes sectores del país exigiendo que se restituya
la democracia.
Las fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, encargadas de
hacer cumplir la ley están utilizando material que abarca desde
garrotes, balas de goma, pintura para identificar a los manifestantes
hasta artículos como gas lacrimógeno o gas pimienta como primera
alternativa para controlar e inmovilizar multitudes que presuntamente
han infringido la ley.
Según expertos, el uso indiscriminado de este tipo de sustancias puede
causar por su acción química la muerte, asfixia, incapacidad temporal o
irritación sensorial, no obstante pese a que esa advertencia ha sido
ampliamente divulgada, los cuerpos policiales y militares han atentado
contra la humanidad de los manifestantes al utilizar este tipo de
recursos.
Al
firmar y ratificar la “Convención sobre las Armas Químicas”, el 29 de
agosto de 2005, Honduras asume, entre otros compromisos, el no hacer uso
de armas químicas independientemente de las circunstancias y además se
compromete a no emplear agentes de represión de disturbios como método
de guerra, por ejemplo grases lacrimógenos. Esta Convención forma parte
del derecho interno según lo indica el artículo 16 de la Constitución de
la República de Honduras, por lo tanto su cumplimiento es de carácter
obligatorio.
Ante esta situación, CIPRODEH insta a los organismos internacionales
como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),
para que investigue el uso indiscriminado que están haciendo los
policías y militares de este tipo de químicos. Asimismo, demanda que se
apliquen las sanciones respectivas y que se exija el no uso de estos
agentes represivos como instrumentos para coartar garantías
constitucionales como el derecho a la reunión, asociación y
manifestación, entre otros. |
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