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03 de julio de 2009

Policías y militares violan la ley al usar armas químicas indiscriminadamente contra manifestaciones

 
  En una franca violación a la ley y sin considerar las secuelas del uso de sustancias químicas incapacitantes como gas lacrimógeno o gas pimienta, los policías y militares han usado indiscriminadamente esos productos en contra de la humanidad de los manifestantes que a raíz del golpe de Estado suscitado en Honduras, el pasado domingo 28 de junio, se han pronunciado en diferentes sectores del país exigiendo que se restituya la democracia.

Las fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, encargadas de hacer cumplir la ley están utilizando material que abarca desde garrotes, balas de goma, pintura para identificar a los manifestantes hasta artículos como gas lacrimógeno o gas pimienta como primera alternativa para controlar e inmovilizar multitudes que presuntamente han infringido la ley.

Según expertos, el uso indiscriminado de este tipo de sustancias puede causar por su acción química la muerte, asfixia, incapacidad temporal o irritación sensorial, no obstante pese a que esa advertencia ha sido ampliamente divulgada, los cuerpos policiales y militares han atentado contra la humanidad de los manifestantes al utilizar este tipo de recursos.

Al firmar y ratificar la “Convención sobre las Armas Químicas”, el 29 de agosto de 2005, Honduras asume, entre otros compromisos, el no hacer uso de armas químicas independientemente de las circunstancias y además se compromete a no emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra, por ejemplo grases lacrimógenos. Esta Convención forma parte del derecho interno según lo indica el artículo 16 de la Constitución de la República de Honduras, por lo tanto su cumplimiento es de carácter obligatorio.

Ante esta situación, CIPRODEH insta a los organismos internacionales como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), para que investigue el uso indiscriminado que están haciendo los policías y militares de este tipo de químicos. Asimismo, demanda que se apliquen las sanciones respectivas y que se exija el no uso de estos agentes represivos como instrumentos para coartar garantías constitucionales como el derecho a la reunión, asociación y manifestación, entre otros.
 
   
   
   
   
   
 
         
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