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03 al 06 de
julio de 2009
Posterior a los hechos acaecidos el domingo 28 de junio del presente
año, a partir del golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas
hondureñas, con el aval del poder judicial, legislativo y del
Comisionado de Derechos Humanos, se suscitó una serie de denuncias por
parte de organizaciones de derechos humanos, sociales y populares
respecto de graves violaciones a las garantías fundamentales de la
población hondureña.
De tal cuenta, las organizaciones de Derechos Humanos guatemaltecas
organizaron una delegación al hermano país, la cual ha sido encabezada
por la Premio Nobel de la Paz, Doctora Rigoberta Menchú Tum y compuesta
por Eduardo de León de la Fundación Rigoberta Menchú Tum; Carmela Curup
de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, por la Convergencia de
los Derechos Humanos: Iduvina Hernández de Seguridad en Democracia –SEDEM-;
Claudia Samayoa de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos –UDEFEGUA-; Mario Domingo de la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-; Arturo Albizures de
Asociación COMUNICARTE; Graham Russel y Rosa Martínez de Derechos en
Acción.
El objetivo de la delegación ha sido “externar la solidaridad de las
organizaciones de derechos humanos y sociales guatemaltecas con la
población civil y los/as defensores/as de derechos humanos hondureños
que son objeto de diversas violaciones de derechos humanos. Así como el
de documentar las violaciones de derechos humanos que se cometen en
contra de la población civil en general, la población civil que ejerce
su derecho a la resistencia, los/as defensores/as de derechos humanos,
los periodistas y los políticos de oposición de honduras”.
CONCLUSIONES DE LA DELEGACIÓN:
1. Con base en las informaciones recabadas, la documentación obtenida y
los hechos comprobados, la delegación no tiene la menor duda de que el
domingo 28 de junio, en Honduras ocurrió un golpe de estado,
premeditado, orquestado y perpetrado por las Fuerzas Armadas, actores
políticos, empresarios y, sobre todo funcionarios de los distintos
poderes del Estado quienes incumplieron con su deber de respetar y
proteger el estado de derecho, acción esta que la crisis política previa
no justifica. Acción esta que conlleva consecuencias imprevisibles a la
institucionalidad democrática y al Estado de derecho.
2. La delegación ha podido constatar que en aras de justificar la acción
golpista, se ha producido un retorcimiento de las leyes del país, lo
cual pone en una situación total de deterioro de la institucionalidad
del Estado. De acuerdo con la documentación puesta a disposición de la
delegación se aprecia preocupantemente la alteración de documentos
legales que comprometerían en mayores delitos al sistema de justicia.
3. Derivado del golpe de Estado confirmado, las autoridades de turno han
impuesto restricciones a garantías individuales y sociales, mismas que
vulneran derechos fundamentales de la población que se ve restringida en
sus más elementales derechos y garantías.
4. La población hondureña han desarrollado una acción no violenta,
pacífica, masiva, de resistencia al golpe de Estado, la cual aún en un
marco de represión, se ha mantenido con respeto a los miembros de las
fuerzas de seguridad, por lo que su reacción responde a los actos de
agresión que dichas fuerzas han producido.
5. La militarización del país y el uso indiscriminado de la fuerza sin
control, ha derivado en la violación de derechos humanos, tan
elementales como el derecho a la vida, puesto que hemos podido constatar
al menos cinco ejecuciones extrajudiciales, derivadas directamente de
esta situación, así como violaciones a los derechos a la movilización,
expresión, manifestación y reunión, lo que ha producido más de 120
detenciones (previas al domingo cinco), relacionadas con las
manifestaciones de resistencia al golpe; 180 detenciones vinculadas con
el toque de queda quedando al momento 18 personas ligadas a proceso por
acusaciones como asociación ilícita y sedición con relación a estos
hechos.
6. El estado de sitio y el toque de queda impuestos autoritariamente
dejan a la población en un estado de total indefensión ante
arbitrariedades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad,
particularmente militares que tienen control del territorio.
7. La delegación ha podido constatar que las libertades de expresión, de
información y de prensa, están siendo constantemente violentadas en
Honduras siendo los medios radiales los más afectados por la alta
represión a la cual están sometidos. Se pudo constatar que seis radios y
una televisora fueron cerradas y censuradas durante los primeros días
del golpe de Estado. Los únicos medios de comunicación que no tienen
dificultades para realizar su trabajo son afines a las líneas políticas
marcadas desde el Estado, impidiendo el acceso a una información
independiente, imparcial o crítica.
8. Derivado de las limitaciones a la información, la población hondureña
carece de información veraz y completa sobre los acontecimientos, en
tanto reina un clima de desinformación casi total, lo cual genera
incertidumbre, miedo y zozobra en la población. Situación que se agrava
con una campaña mediática que permanentemente incita a la población a
defender el golpe de Estado y estigmatiza a quien lo resiste.
9. En el marco de la confrontación desarrollada desde el entorno que
perpetró el golpe, se ha dado lugar a una campaña mediática de xenofobia
en contra de ciudadanos no hondureños, particularmente de ciudadanos
nicaragüenses y venezolanos, quienes son detenidos arbitrariamente.
10. Las autoridades de facto, así como los sectores que sostuvieron la
campaña previa al golpe de Estado han mantenido una campaña mediática de
intolerancia política y estigmatización a grupos de la izquierda,
exacerbando la acción violenta en contra de los mismos.
11. Lamentablemente, instituciones clave para la protección y defensa de
garantías ciudadanas y derechos humanos, tales como el Comisionado de
Derechos Humanos, presidido por el doctor Ramón Custodio, formaron parte
del entorno que justificó y sostuvo el golpe de Estado, lo que produce
que sea visto como parte del complot golpista.
12. En ese comprometimiento con la acción golpista, el Comisionado de
Derechos humanos abandonó su rol de vigilante de las libertades y
garantías y no ha desarrollado acción alguna en favor de la población
afectada por la labor represiva del Estado la cual se ve en un altísimo
nivel de indefensión.
RECOMENDACIONES DE LA DELEGACIÓN
1. La delegación considera indispensable la anulación de todas y cada
una de las medidas que restringen derechos a la población hondureña.
Disposiciones tales como el toque de queda y el Estado de Sitio deben
ser derogados de forma inmediata e irrrestricta para evitar la comisión
de abusos y permitir al pueblo hondureño expresarse con total libertad.
Las autoridades de facto deben desistir de su imposición de
restricciones a la libertad de información y expresión, a fin de que el
pueblo hondureño pueda ser informado con absoluta imparcialidad y pueda
igualmente expresarse sin limitaciones.
2. Las actuales autoridades deben cesar en su conducta hostil contra los
ciudadanos hondureños y no hondureños, a fin de propiciar un clima de
convivencia pacífica y tolerante.
3. En aras de recoger plena e imparcialmente la información sobre la
totalidad de acciones violatorias de derechos humanos y ante la evidente
infuncionalidad de una instancia nacional con este mandato, la
delegación considera indispensable que la comunidad internacional cree
una instancia de derechos humanos especializada para la atención y
protección a las y los habitantes de Honduras, en particular a los
defensores de derechos humanos. Esta instancia podría funcionar con el
apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos y con los
fondos de emergencia de la Comisión Europea.
4. Es necesario identificar a todas las personas, funcionarios y
funcionarias, civiles y militares, involucradas en la acción golpista,
para proceder a un acuerdo de sanción de inhabilitación política de las
mismas, a fin de que no solo evite la impunidad por estos hechos en
Honduras sino que envíe un mensaje claro hacia otros países de la
región, en aras de evitar nuevas intentonas contra el orden
constitucional.
5. La delegación cree vital y urgente el llamado a un diálogo nacional
con participación de todos los sectores, particularmente el movimiento
social y de derechos humanos, así como el sector empresarial, para
encontrar una salida pacífica a la actual crisis, sin que ello implique
una acción de impunidad por los delitos cometidos por los actores
involucrados en el golpe de Estado y las violaciones a los derechos
humanos.
6. Para evitar riesgos de dogmatización y sectarismo en el proceso, las
iglesias de todas las denominaciones en honduras, han de actuar
únicamente como observadoras.
7. Se recomienda a las entidades internacionales conformar un grupo de
apoyo y acompañamiento para la solución de la crisis en Honduras.
8. Ante los hechos constatados en Honduras, la delegación considera
necesario sugerir a los organismos e instancias internacionales revisar
y actualizar sus criterios de actuación ante violaciones a derechos
humanos y protección de defensores para poder agilizar las respuestas a
situaciones como las acontecidas en Honduras. Sugiere también que se
otorguen fondos de emergencia a organizaciones de derechos humanos que
actualmente desarrollan acciones de defensa y documentación de
violaciones a derechos humanos.
Guatemala, 8 de julio de 2009
¡En Defensa de los Derechos Humanos en Honduras ¡
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