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LOS DERECHOS HUMANOS NO SON NEGOCIABLES
Ante el inicio de una Negociación entre el Presidente Constitucional
Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Régimen de Facto, Roberto
Micheletti Bain, con Mediación Internacional del Presidente Oscar Arias,
el CIPRODEH eleva sus preocupaciones sobre acciones que no pueden ser
objeto absoluto de negociación desde la perspectiva de Derechos Humanos,
e incorpora exigencias del diálogo con miras a restablecer la plena
vigencia de las libertades civiles fundamentales en Honduras,
conculcadas a partir del golpe de estado perpetrado la madrugada del
domingo 28 de junio de 2009.
NO ES ACEPTABLE NEGOCIAR:
La impunidad por las violaciones a derechos humanos cometidas por el
Régimen de Facto Político Militar que incluye el golpe de Estado mismo,
y acciones contra la población civil ejecutadas principalmente por
órganos militares con el apoyo y/o tolerancia de la Policía Nacional
(torturas, reclutamientos forzados, uso abusivo de la fuerza, ataques
militares a población civil desarmada, ejecuciones extrajudiciales,
atentados a la libertad de prensa y de expresión, detenciones ilegales,
entre otras).
No toleraremos medidas destinadas a sustraer de la justicia nacional e
internacional a los responsables materiales e intelectuales de las
graves violaciones a derechos humanos cometidas.
LAS EXIGENCIAS INMEDIATAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:
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- La inmediata desmilitarización de las Dependencias
Públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de
las Fuerzas Armadas, incluyendo la supeditación de la
Policía Nacional al ejército. Ello implica el retorno
inmediato de la Seguridad pública o interna a la Policía
Nacional sometida permanentemente a escrutinio público y a
la verificación de órganos de derechos humanos nacionales e
internacionales que garanticen la separación de funciones, y
que las unidades policiales de análisis, inteligencia e
investigación sean manejadas única y exclusivamente por
policías o civiles sin vinculación militar. Ello
significaría separar inmediatamente a los militares que se
han insertado como asesores en la Policía Nacional y
suspender el cruce de información de inteligencia con fines
de represión política.
- Suspender el uso de armas químicas y letales para
reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas
Armadas de actividades de control de manifestaciones
públicas. Ello es particularmente grave por el uso además de
armas de guerra y francotiradores apostados en posición de
ataque contra los manifestantes.
- El retorno sin reservas al control civil y bajo
supervisión de organismos de derechos humanos, incluyendo de
la sociedad civil, de los servicios públicos y de
telecomunicaciones, como ser la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones Hondutel, todas sus antenas de
transmisión radial y televisiva y oficinas de soporte
técnico de comunicación telefónica e internet; la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica y sus dependencias de control
técnico, la Dirección de Migración y Extranjería, hospitales
públicos cuyos accesos están militarizados, entre otros.
- Suspender los mensajes en Cadena Nacional convocando a
la ciudadanía a la Delación por mera sospecha e incitando al
odio contra la disidencia al régimen de facto y la xenofobia
a ciertas nacionalidades.
- Suspender el Estado de Excepción decretado sin seguir el
procedimiento Constitucional y que ha servido únicamente
para justificar y aumentar las violaciones a derechos
humanos fundamentales.
- Liberar a los presos políticos capturados con
posterioridad al golpe de Estado y suspender todos los
procedimientos fiscales y penales iniciados por el
Ministerio Público después del 28 de junio, como claras
acciones de persecución política contra los funcionarios del
Gobierno Zelaya y los dirigentes sociales simpatizantes del
proyecto de la Consulta Popular.
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¡En Defensa de los Derechos Humanos en Honduras ¡
Tegucigalpa, Honduras, 8 de julio del 2008
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