La falta de seguridad ha venido convirtiéndose en uno de los problemas más sentidos por la población hondureña; en este sentido, las respuestas que configuran la política pública en la materia han mostrado ser insuficientes ante una situación cada vez más compleja. Las sucesivas respuestas de los gobiernos han enfatizado en la implementación de la mano dura, focalizadas en la potenciación de la policía nacional, el aumento de penas, limitaciones a las medidas alternativas a la prisión, crecimiento del gasto militar para tareas de seguridad interna, privatización de servicios de seguridad, liberalización de la tenencia de armamentos, entre otras medidas que han tenido bajo impacto en la reducción de las crecientes tasas de violencia en el país. A la par la inversión en programas de prevención del delito en la última década ha sido baja y con poca valoración respecto de sus efectos benéficos en la construcción de una seguridad ciudadana más estable y sostenible y a un menor costo económico y social.