La realidad actual de los pueblos indígenas y negros en Honduras, es compleja y altamente crítica, a tal extremo que la demanda de atención de múltiples problemas entre estos, el de usurpación de tierras, lleva más de 25 años de gestión ante la administración pública, sin respuestas contundentes, situación que ha generado cierto grado de apatía en las comunidades, pérdida de confianza y una sensación de estar en un callejón sin salida, ante la ausencia de respuestas a estas necesidades.

Al consultar esta situación con la dirigencia de los pueblos, algunos manifiestan que el tamaño de esta problemática, es desproporcional y está en aumento en la medida que no se aborda, generando un incremento en el número de actores negativos intervinientes, entre los que se cuenta mucha gente con una fuerte influencia política y económica a nivel de país. Para entender esta situación se debe apuntar, que en Honduras los diversos entornos de las culturas originarias han sido historicamente afectados por personas con poder económico y político a nivel local, quienes generalmente disponen del respaldo de la autoridad judicial y policial.

Entre estos agentes usurpadores y represores se encuentran terratenientes dedicados a la ganadería bovina, la caficultura, al cultivo de palma africana y madereros que con frecuencia pretenden, consiguen contratos de explotación y cortan grandes áreas de bosques, han heredado drásticemente el entorno ambiental y la disponibilidad de recursos que son vitales para el desarrollo de la vida indígena y negra del país.
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