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Por Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la
residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales
(2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y
lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los
militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes
de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una
encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el
Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la
ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una
cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados
y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional
Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de
una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE
ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado
por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado,
específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder
Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el
desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del
Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor
Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una
orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de
la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las
Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del
mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de
la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso
Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar,
constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite
la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio
cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar
deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando
su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya
resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido
a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la
inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo
día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se
contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los
constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los
partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos
denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como
delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente
Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la
ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones
generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución,
recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba
constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba
implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista
del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento
del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del
Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos
intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de
ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la
cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA
POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
1. Lo anterior permitió la confluencia de
intereses diversos:
Intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del
Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor
en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte
resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado
el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido
Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una
amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo;
diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia
Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso
Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la
constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista
y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en
torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte
Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal,
incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos
fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta
Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el
partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte
Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al
Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el
Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General
Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el
Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en
las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría
General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con
fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas
negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral,
organismo altamente partidista cuyo presidente pertenece al partido
Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a
dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de
Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión
presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre
anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños
de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño
de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias
radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex
presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia
en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso
Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces
Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia
el ex presidente; c) Jorge Canahuatti, del Partido Nacional, dueño de
los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona
central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno
desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los
contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a
señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir
beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los
empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas,
que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a
través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una
resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la
participativa, argumentando que la democracia representativa es la única
forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso
Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos
públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un
asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva
Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto
nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró
la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la
Constitución de la República no se podía cambiar porque los
constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente
vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible
que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes
judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con
la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo,
secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre
los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y
contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización
partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder
Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente
jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se
convirtió en un problema esencialmente político que se manejó
públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de
negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza
político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el
poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso
Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa
privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y
militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el
presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada
afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su
mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo
gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir
declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios
allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a
confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el
mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez
por parte de todos los componentes de la alianza
política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación
y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el
comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la
Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una
imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que
comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones
encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue
hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida
insistentemente por los militares retirados que adquirieron un
protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno.
La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua
y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos
países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país
constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus
funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda
nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios
de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza
político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a
cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del
Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la
cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia
presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta
de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones
y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una
evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora
comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo
Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no
obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las
cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que
negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda
pública a militares retirados, protagonistas de la década de los
ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones
anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la
insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que
personajes sumidos en el anonimato adquirieran visibilidad y se
convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de
la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y
polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que
estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del
Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana,
fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se
vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la
polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la
restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su
reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”,
por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar
comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar
entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado
de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes,
constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General,
además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse
en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y
ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años
de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos
legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los
Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores
particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo
uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su
institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas
Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la
sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de
aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al
lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que
se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso
grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO
NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio
pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que
puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del
significado de la democracia, intereses personales, ideologización del
conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es
la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras
sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica,
sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe,
desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre,
intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de
manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar
la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la
nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que
incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los
medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente
había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de
junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para
preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25
de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como
producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional
y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar
al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso
Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de
la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el
Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión
en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en
contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado
de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes
judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del
Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses
partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el
golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con
otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y
nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios
intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses
que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período
presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una
vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe
confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal
y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron
al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les
permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y
ganar los comicios de noviembre.
4. Micheletti -de candidato perdedor a
presidente defacto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor
Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en
el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente
al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento
generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales
por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser
presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA
CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en
el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del
sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los
retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre
las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las
instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero
imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso,
traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que
puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La
falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse
frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha
aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a
una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los
Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la
confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente
en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los
precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor
explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales
de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner
distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener
una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de
obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir
que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber
renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones,
en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos
presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a
pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr
acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para
articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el
pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron
en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima
expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación
que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en
las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor
preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la
anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar
los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que
lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado
siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un
protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de
esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor
mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición
laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior
golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las
evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se
inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e
intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le
concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo
porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados
por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es
la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro,
incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a
convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con
mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como
en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al
límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la
alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha
sido una característica de los medios de comunicación en general:
ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión,
acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que
imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los
conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención
y expulsión del Presidente de la República, la represión de
manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los
controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en
que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático
y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto
ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos
defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al
Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso
Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que
nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería
más hilarante si los escuchamos razonando sobre por qué lo sucedido no
puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen
existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no
hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de
construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28
años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes,
autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el
contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los
grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden
constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen
institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no
deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les
conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los
protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se
convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se
quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la
ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o
rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro
continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio
particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un
presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él
sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la
ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la
elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros
temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente
nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos
hace superiores a los otros.
Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los
integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el
significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura
política democrática.
Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que
son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas
Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en
contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran
indicador de su capacidad para debatir y proponer. |
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