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SE AMPLIA DENUNCIA N°30884-09-SE

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El veinticuatro de Julio de 2010, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-CJ), a través de sus representantes presentaron  Formal Denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, por la Consumación múltiple y sistemática de Violaciones a los Derechos Humanos, que se configuran en delitos de Abuso de Autoridad, Asesinato, Discriminación, Torturas, Detención arbitraria y Daños en contra de la población que abiertamente expresaban  su rechazo al Golpe de Estado de 2009, y que participaban activamente en las movilizaciones hacia la zona fronteriza de Las Manos, Alauca y el departamento de El Paraíso.

En la denuncia inicial se señala la responsabilidad directa de los delitos a Roberto Michelletti Bain, Presidente de facto, así como Jefes Militares y Policiales del régimen desde el veintiocho de Junio del 2009 hasta veintisiete de Enero del 2010.

A través de la denuncia se pidió  que durante el proceso de investigación se ejerza la acción penal en contra de los denunciados y las eficaces y efectivas acciones encaminadas a la protección de las  víctimas y que se proceda a evidenciar a los  responsables de las graves violaciones a los derechos humanos comenzando por quien ostentaba la Presidencia de la República: Roberto Micheleti Baín, Romero Vásquez Velásquez (exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA de Honduras), Luis Javier Prince, Miguel Ángel García, Juan Pablo Rodríguez, Venancio Cervantes (ex integrante de la Junta de Comandantes de la FF. AA.).

De igual forma se deduce responsabilidad directa a funcionarios de gobierno de facto: Adolfo Lionel Sevilla (ex secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional), Jorge Rodas Gamero (ex secretario de Estado en los Despachos de Seguridad), Comandantes de Batallones, Jefes Departamentales de Policía, Jefes Municipales de Policía y Jefes de Postas Policiales por considerarlos responsables de múltiples comportamientos constitutivos de delito.

Durante las graves violaciones a derechos humanos de 2009, en Alauca y El departamento de El Paraíso, se produjo el asesinato del joven Pedro Magdiel Núñez Salvador, y en virtud de considerarse que la responsabilidad penal en la comisión de los delitos señalados también han sido incorporados los funcionarios de gobierno de facto  a  la denuncia.

Con la presentación de la ampliación a la denuncia por parte de las organizaciones se pretende determinar la responsabilidad individual por el hecho, además de los funcionarios ya denunciados al Consejo de Ministros de facto iniciando con Jorge Rodas Gamero, Mario Eduardo Perdomo, Adolfo Lionel Sevilla, Oscar Raúl Matute Cruz, Rafael Pineda Ponce, Enrique Ortez Colindres, Carlos López Contreras, Martha Lorena Alvarado, Samuel Benjamín Bográn, Gabriela Núñez Ennabe, Ana Abarca Ucles, Nicolás García Zorto, Mario Luis Noé Villafranca, Santos Elio Sosa, Héctor Hernández Amador, Valencio Gutiérrez, María Martha Díaz Velásquez, Mirna Castro, Rosario Bonano, Desiré Rosales y René Zepeda, Vikka Martel, estos avalados por el Poder Legislativo a cargo de José Alfredo Saavedra y Carlos Lara Watson,  así como a  los altos mandos,  mandos intermedios del ejercito, policías y gobierno de facto responsables de los delitos de lesa humanidad,  y por la emisión de ordenes de persecución y captura selectiva contra opositores al régimen defacto entre los que comprende a Daniel López Caballero, Mario Hung Pacheco y Danilo Orellana de la oficina de Inteligencia y del Alto Mando Militar

Trascurridos dos años de haber interpuesto la denuncia sobre los hechos señalados y el silencio absoluto de la Fiscalía Especial de Derechos humanos se espera que con la aportación de nuevos elementos probatorios que comprende la identificación de las víctimas y sus testimonios; el Estado a través de la Fiscalía Especial que está conociendo la causa lleve a cabo todas las acciones encaminadas a dar inicio al proceso investigativo practicando las diligencias que resulten necesarias con el fin de determinar la participación y responsabilidad penal de cada uno de los ahora denunciados, así como la existencia de los hechos, la configuración jurídica penal de los mismos y se proceda a presentar el requerimiento fiscal contra los responsables de los delitos ante los juzgados correspondientes.

Tegucigalpa, M.D.C, 30 de agosto de 2012.

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